La Comisión Europea critica la inacción de Nápoles para poner fin a la crisis de las basuras

Unas 2.500 toneladas de basura ahogaban aún hoy las calles de Nápoles para dar la bienvenida a una delegación de la Comisión Europea, de visita en la ciudad italiana para valorar la situación de emergencia causada por la falta de vertederos, y tras la sanción del Tribunal Europeo de Justicia al Gobierno de Silvio Berlusconi por incumplir las reglas comunitarias sobre la gestión de residuos.

"Después de dos años, la situación no es muy diferente, puesto que las basuras están por las calles y no hay un plan de tratamiento o de gestión de recogida", ha afirmado Pia Bucella, gerente general del medio ambiente, que encabezaba la delegación europea. En 2008, Nápoles vivió una situación parecida a la actual. Los desperdicios se acumularon entonces en las calles de la ciudad y la Comisión Europea estableció duras sanciones para que pusiera fin a la acumulación de las basuras e impusiera un plan de gestión de las mismas.

Bucella ha subrayado que han hablado tres horas sobre el dictamen de la Comisión Europea del 4 de marzo de 2008, en el que se sancionaba a Italia por no poner en marcha una red integrada de tratamiento de basuras en la región de Campania y por no comenzar con la eliminación de los desperdicios.

Según el diario La Stampa, los comisarios no se contentarán esta vez con una presentación de un plan de gestión y tratamiento de basuras. La delegación ha respondido a la petición de ayuda y asistencia por parte del propio Gobierno italiano. Según el portavoz del comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Joe Hennon, la misión forma parte "del procedimiento en curso".

El presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha anunciado en un comunicado que no ha recibido todavía el texto del decreto ley del Consejo de ministros del pasado 18 de noviembre, sobre la recogida de basuras y la implantación de la maquinaria de tratamiento de la basura en Campania. Sin la firma del presidente, el decreto ley no puede entrar en vigor, por lo que Giorgio Napolitano ha sostenido que se reserva "cualquier valoración sobre el decreto".