El gobernador kirchnerista de Santa Cruz se rebela ante la Corte Suprema

Uno de los éxitos que nadie discute a Néstor Kirchner en Argentina es haber renovado e independizado durante su mandato a la Corte Suprema de la Nación, que gracias a esos cambios pasó a convertirse en una de las instituciones más prestigiadas y respetadas del país. Es ahora, sin embargo, un amigo de Kirchner, Daniel Peralta, el gobernador de Santa Cruz (feudo del ex presidente) quien se niega públicamente a cumplir un fallo de la Corte Suprema y son los diputados kirchneristas de la provincia quienes respaldan la iniciativa de llevarla ante otro tribunal internacional. La negativa a cumplir lo ordenado por la Corte Suprema cuenta con el apoyo del jefe del gabinete de la presidenta Cristina Fernández, para quien el fallo de marras es "inconstitucional" y "contradictorio".

El enredo, que amplificado por la oposición ha pasado a adquirir tintes de crisis institucional, se originó en la decisión de la Corte Suprema de reponer en su cargo al anterior procurador del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Eduardo Sosa, destituido irregularmente. El gobernador alega que el cargo ya fue cubierto por otra persona, el fiscal Claudio Espinosa, que es inamovible, según la nueva ley, y que ofreció a Sosa, infructuosamente, dividir la fiscalía en civil y penal. Rechazada esa posibilidad, anunció directamente que no cumpliría el fallo de la Corte Suprema.

Ha sido precisamente el fiscal Espinosa quien tomó la decisión de llevar a la Corte Suprema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que se violaban sus derechos adquiridos. La decisión de Espinosa fue apoyada ayer públicamente por Aníbal Fernández, jefe del gabinete de la presidenta. "Tiene todo el derecho a reclamar y a defender su posición de la mejor manera".

Mientras tanto, el anuncio de Peralta de que no acataría el fallo de la Corte Suprema provocó una auténtica tormenta en el Congreso de la nación, donde los diputados de la oposición le exigieron respeto al orden constitucional. Algunos miembros de la Cámara llegaron a plantear diversos proyectos de ley que implicaban la "intervención de la provincia de Santa Cruz", lo que levantó a su vez las protestas del sector oficialista. Cristina Fernández de Kirchner se rió incluso en público de esas iniciativas "desproporcionadas y alocadas". "Me lo quieren intervenir, al gobernador. No pasa nada, le ofreceremos asilo aquí", bromeó.

La asamblea provincial de Santa Cruz (provincia patagónica de la que Néstor Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003) reaccionó con menos sentido del humor y aprobó una iniciativa de la mayoría kirchnerista para declarar "personas non gratas" a los 30 diputados nacionales que habían firmado los proyectos de intervención. La mayoría de los legisladores provinciales rechazó "cualquier tipo de intromisión o desestabilización en los poderes de Santa Cruz" y lamentaron "la profunda falta de respeto al pueblo de la provincia" que suponía la actitud de sus colegas de Buenos Aires.

Quienes mejor han mantenido la calma han sido los miembros de la Corte Suprema. Uno de sus miembros, Raúl Zaffaroni, (también nombrado en la etapa Kirchner) calificó la situación de "insólita", especialmente la negativa pública de un gobernador a cumplir un fallo e ironizó con las reglas del juego. "Nosotros jugamos al fútbol con reglas de fútbol. En la política se juega con reglas de rugby".