Piñera pide a la Iglesia chilena que medie con los mapuches

Los 34 comuneros mapuches presos en cárceles del sur de Chile cumplen hoy 66 días en huelga de hambre con la exigencia de un trato no discriminatorio y de dialogar con el Gobierno del presidente Sebastián Piñera. La Moneda, sin embargo, se niega a reunirse con ellos mientras persista el movimiento de protesta. Los mapuches ?el mayor pueblo originario del país? cuentan con el apoyo de sus comunidades rurales, de cuatro diputados que presionan con una huelga de hambre propia, de dirigentes estudiantiles, artistas, familiares de víctimas de la dictadura y de movilizaciones diarias en las principales ciudades. Con el ayuno, los indios anticiparon su rechazo a las reformas de la ley antiterrorista que ayer votaba el Senado, legislación que les aplicaron para procesarlos.

El conflicto se ha transformado en el mayor problema político que ha enfrentado el Gobierno de derechas en sus seis meses de administración y amenaza con empañar la celebración del Bicentenario de Chile esta semana. Piñera llamó a los mapuches "que en el pasado atentaron contra las vidas de otros y que hoy lo hacen contra las suyas" a deponer la huelga y responsabilizó de las causas de la protesta a los Gobiernos anteriores. La Administración ha informado a los partidos de la derecha de que, si llegara a ser necesario, los comuneros serán alimentados a la fuerza.

Con el fin de no dar muestras de debilidad, que podrían extender este tipo de protestas a otros sectores, el Ejecutivo se ha negado al diálogo directo con los indígenas. La estrategia de La Moneda se concentró en reformar la ley antiterrorista, que permite el uso por parte de la fiscalía de testigos encubiertos secretos y duplica las penas a los condenados, y restringir la aplicación de la justicia militar. Pero los mapuches consideran insuficientes y un "maquillaje" las modificaciones y, en el parlamento, la oposición de centroizquierda pedirá más cambios. Los cambios no son "ninguna solución para nosotros", afirmó Mauricio Huaiquilao, uno de los huelguistas.

A medida que la huelga de hambre ha concitado más respaldo, como reflejan las encuestas, La Moneda ha comenzado lentamente a ceder. Después de que el Gobierno pidiera a la Iglesia católica que mediara, el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, ?que visitó primero a los mapuches en huelga de hambre en esta ciudad para escuchar sus demandas? acudió ayer a una reunión con dos de los hombres clave del Ejecutivo en este tema, los ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de la Presidencia, Cristián Larroulet, para intentar tender un puente.

Los comuneros en huelga de hambre, procesados o condenados durante los Gobiernos de la Concertación por ataques incendiarios a propiedades, bosques y un autobús, así como un atentado contra un fiscal, sostienen que han realizado protestas sociales y políticas para recuperar las tierras de las que fueron despojados en el pasado, primero por los españoles y después por los chilenos. La tierra es la base de la cultura de este pueblo, cuyo nombre mapuche significa "gente de la tierra", aunque la mayoría de ellos vive hoy en ciudades.

Los mapuches rechazan haber cometido actos terroristas y por ello la aplicación de una ley de la dictadura, modificada por la Concertación e invocada durante ese periodo. Los organismos internacionales de derechos humanos han criticado también el uso de esta legislación especial contra movilizaciones o protestas indígenas.

Hasta ahora, el ayuno de los 34 mapuches ha sido líquido, lo que aumenta su capacidad de resistencia a la falta de alimentos. Los indios que están en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, 700 kilómetros al sur de Santiago, han perdido entre 11,5 y 18,5 kilos de peso y presentan síntomas como mayor lentitud al hablar, según el médico Eduardo Catrileo que los visitó.

La preocupación de La Moneda de que la presión mediante este método se extienda a otros sectores pareció concretarse ayer con el anuncio del inicio de una huelga de hambre por parte de nueve militares, entre ellos un general. Todos son ex agentes de organismos represivos, condenados por crímenes contra opositores en la dictadura de Pinochet (1973-1990), y pidieron la libertad de suboficiales y civiles presos por violaciones a los derechos humanos. Pero la visita del general del Ejército Marco López, a cargo de pensiones y beneficios de los militares, desactivó el movimiento apenas una hora después de su comienzo. Los condenados, que están en cárceles cómodas, bien alimentados y cuyas sentencias han sido rebajadas por el tiempo transcurrido desde sus crímenes, solo se perdieron un desayuno.