Cristina Fernández activa la ley de medios pese a estar en los tribunales

Cada semana, el Gobierno argentino propina un golpe distinto al mayor grupo de medios de su país, Clarín. Ayer entró en vigor la nueva ley de regulación de la televisión y la radio, que obliga a Clarín y a otros grupos a vender emisoras en el plazo de un año, pese a que existen cuatro recursos de amparo judiciales que han suspendido la aplicación de algunos o todos sus artículos, como el referido a las desinversiones.

La ley de servicios audiovisuales fue aprobada por el Congreso en octubre pasado, con el voto favorable del kirchnerismo y fuerzas de la oposición, como el Partido Socialista y el izquierdista Proyecto Sur. La ley limita la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede tener un mismo grupo, lo que obligará a Clarín, a PRISA (grupo editor de EL PAÍS) y a otros conglomerados a vender algunas de sus licencias. La ley establece que un tercio de las licencias quede en manos del sector privado; un tercio, en las del Estado, y otro tercio, en las de las ONG. La norma ordena que las desinversiones se concreten en un plazo de un año a partir de su entrada en vigor.

La norma no se había aplicado hasta ahora porque jueces y tribunales de segunda instancia la habían frenado. La justicia había admitido cinco recursos de amparo que habían presentado Clarín, la operadora de televisión por cable Supercanal, dos diputados y una asociación de consumidores. Uno de los recursos fue rechazado en junio por la Corte Suprema. Los otros cuatro siguen vigentes y apuntan, en un caso, contra toda la ley y en otros, contra el plazo de desinversión.

Una larga batalla judicial

Pese a todo, Fernández ha firmado el decreto de entrada en vigor de la ley, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Argentina. El jefe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, explicó que esa publicación "permitirá la aplicación de la totalidad de los artículos de la ley". En cambio, un abogado constitucionalista consultado por el periódico Clarín, Daniel Sabsay, dijo que pueden entrar en vigor aquellos artículos que no fueron suspendidos por la justicia.

No es el primer golpe que recibe el grupo Clarín en los últimos días. Hace dos semanas el Gobierno le quitó la licencia a su proveedora de Internet ?que deberá disolverse en 75 días? por presuntas irregularidades administrativas. Un ejecutivo de Clarín anunció que denunciará ante la justicia a sus principales competidores en este negocio, Telefónica y Telecom Italia, por presunta competencia desleal porque hacen publicidad mencionando la futura desaparición de su rival, según publicó ayer el periódico El Cronista Comercial. Telefónica rechaza la acusación y alega que comenzó su campaña publicitaria hace tres meses.

La semana pasada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció la supuesta apropiación ilegal de la única fábrica argentina de papel para periódicos ?propiedad del diario Clarín, La Nación y el Estado? y envió al Congreso un proyecto de ley para regular su producción y distribución.

La puesta en marcha de la ley es el último capítulo de la batalla entre los Kirchner y Clarín, que comenzó con el conflicto agrario de 2008, después de cuatro años de relaciones muy amistosas. La última medida del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) fue la aprobación de la fusión de la operadora de televisión por cable de Clarín con su principal competidora. Pero ahora los Kirchner quieren destruir el grupo.

La denuncia de la presidenta de Argentina sobre Papel Prensa aún no se ha presentado ante los tribunales, pero su proyecto de ley para regular la actividad ya ha comenzado a discutirse en el Congreso. Los diputados del socialismo y la izquierda se han manifestado a favor de la regulación, pero no en los términos que propuso Fernández.