El Gobierno de Panamá pierde fuelle

Al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se le ha desordenado el cuadro. La miel que libó en el arranque su Gobierno , con alta popularidad y enormes expectativas de crecimiento, se ha convertido un año después en una brasa caliente que las autoridades no han podido enfriar con la fuerza policial. Al contrario, la apuesta por la mano dura solo ha ayudado a expandir en buena parte de la población la idea de que a Martinelli le gusta el autoritarismo.

Martinelli ha cumplido su primer año de mandato envuelto en protestas callejeras por una ley que los sindicatos consideran lesiva. Con el apoyo de cuatro partidos aliados, el gobernante logró que el Congreso sellara la ley, conocida como nueve en uno (reforma seis leyes y tres códigos) o ley chorizo, como la llaman los más críticos, usando una expresión usada frecuentemente para aludir a cualquier asunto teñido de corrupción. Algunas normas limitan el campo de acción de los sindicatos y otras refuerzan el poder policial. La mecha del conflicto está encendida.

Las protestas comenzaron en la Ciudad de Panamá, en medio de los edificios financieros y al borde del Canal, pieza delicadísima de la economía panameña. La violencia, sin embargo, se desató en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro, donde los trabajadores bananeros se enfrentaron a la policía, un cuerpo que en Panamá tiene la categoría civil pero las formas militares. Al menos dos indígenas fallecidos y un centenar de heridos fueron el saldo de los enfrentamientos que, además, ahuyentaron a los turistas en una de las zonas más turísticas del país.

Gobierno y sindicalistas llegaron a un acuerdo preliminar este fin de semana: las autoridades liberaron a la mayoría de los dirigentes detenidos y estos dieron 90 días de plazo para dialogar. La huelga nacional convocada para ayer, sin embargo, se ejecutó como estaba prevista, con el apoyo de trabajadores de la construcción, educadores, empleados de supermercados y del comercio y obreros del sector lácteo, textil y del metal, entre otros sectores de la economía.

Cada día supone para Martinelli menos aceptación popular. El 90% de la aprobación con la que arrancó su mandato se ha reducido a no más del 65% en sus primeros 12 meses. La imagen de gran empresario de los supermercados en lugar de gran político parece reforzarse ante buena parte de los 3,5 millones de habitantes de ese país centroamericano. No han sido suficientes las medidas sociales, como la asignación de 100 dólares mensuales a todos los mayores de 70 años o las becas universales para escolares. Los policías, por su parte, están contentos, porque recibieron un aumento salarial.

En medio del conflicto cunden también las quejas de una parte de la población ?una de cada tres personas, según las cifras oficiales? que vive en la pobreza.

Sin embargo, Martinelli dice estar orgulloso de haber capeado la crisis con una economía nacional dominada en un 70% por el sector de los servicios y esperanzada por las opciones que le brinda una mayor apertura comercial mediante convenios internacionales como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que firmó en mayo junto con otros cinco países de Centroamérica.

Pero los conflictos en el Poder Judicial y las enemistades ideológicas con otros Gobiernos de la región terminan de complicar el cuadro de Martinelli, que asegura haber "ordenado la casa" en su primer año de gestión.