"Esperamos que España use la presidencia de la UE para impulsar la condena a Irán"

Los activistas de los derechos humanos fueron uno de los primeros objetivos de las autoridades iraníes tras las protestas post electorales del año pasado. Con los grupos locales silenciados, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán (CIDHI) se ha convertido en una de las principales fuentes de recopilación y difusión de la violaciones que se cometen en Irán. Su director, Hadi Ghaemí, fue también uno de sus fundadores en 2008. Nacido en Irán, pero doctorado en Físicas por la Universidad de Boston, Ghaemí abandonó la carrera docente en el año 2000 para dedicarse a los derechos humanos.

En una entrevista por correo electrónico, este activista se muestra muy crítico con el silencio que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mantenido sobre lo que estaba ocurriendo en Irán durante todo el año pasado. "La UE es la principal responsable por no haber liderado una iniciativa allí", denuncia. También expresa su deseo de que España, en su calidad de presidente europeo, "preste especial atención a este asunto" durante la próxima reunión del Consejo en junio. La cuestión es apremiante, como lo ha demostrado la reciente ejecución de cinco kurdos. "Las autoridades parecen ejecutar a presos kurdos para evaluar la reacción popular antes de ejecutar a otros presos políticos", señala Ghaemí.

"Las autoridades parecen ejecutar a presos kurdos para evaluar la reacción popular antes de ejecutar a otros presos políticos"

Pregunta. Las organizaciones de derechos humanos han criticado la ejecución secreta en Irán de cinco prisioneros políticos el pasado día 9. ¿Cree que hace mella en las autoridades iraníes?

Respuesta. También dentro de Irán se han elevado muchas voces en contra. Sin duda que a las autoridades les preocupa porque han intentado justificarlas en varias ocasiones, pero aún no han logrado convencer a sus críticos. Incluso han amenazado con encausar a los líderes de la oposición, Musaví y Karrubi, por cuestionarlas. El fiscal de Teherán, Jafarí Dowlatabadí, acaba de anunciar que han anulado cinco de las condenas a muerte a personas que participaron en las protestas post electorales. Estamos convencidos de que ha influido la indignación por las ejecuciones dentro y fuera de Irán. De todas formas, aún quedan seis manifestantes en el corredor de la muerte y esperamos que jueces imparciales también revisen esas sentencias y las anulen.

P. Cuatro de los cinco ejecutados eran kurdos. ¿Constituye la etnia un factor de riesgo en Irán?

R. Existen fuertes prejuicios políticos y judiciales hacia las minorías étnicas, en especial hacia los kurdos. Los jueces en la provincia de Kurdistán están manipulados por los servicios secretos y pronuncian sentencias muy duras contra los activistas, incluidas penas de muerte. El Gobierno considera que la mayoría de la población no va a tener especial simpatía hacia los presos kurdos, en especial si la propaganda oficial les acusa de terrorismo. De hecho, las autoridades parecen ejecutar a presos kurdos para evaluar la reacción popular antes de ejecutar a otros presos políticos. Ocurrió en enero, cuando ejecutaron a dos kurdos y como apenas hubo ruido siguieron adelante con otros dos presos políticos que no eran kurdos. Ahora, la enérgica reacción nacional e internacional parece haberles pillado desprevenidos y enseguida han salido anunciando que habían anulado cinco penas capitales.

P. Entonces, ¿qué mensaje quieren enviar al mantener otras seis?

R. Como decía, ha coincidido con la anulación de cinco de ellas. Por supuesto la amenaza de ejecuciones políticas no ha desaparecido. En general, el Gobierno ha utilizado los tribunales durante el último año para enviar el mensaje de que está dispuesto a utilizar cualquier nivel de violencia para sofocar la disensión. De todas formas, el problema de las ejecuciones no sólo está vinculado a los recientes desórdenes políticos. Los defensores de los derechos humanos llevan más de una década haciendo campaña por la abolición de la pena de muerte en Irán. Es el país más ejecuta a sus ciudadanos per cápita. Sólo China le supera en términos absolutos. Estas ejecuciones sólo promueven una cultura de violencia sancionada por el Estado y no han hecho nada para reducir el avance de la criminalidad.

P. ¿Cuál es su principal preocupación en vísperas del primer aniversario de las controvertidas elecciones que desataron las protestas?

R. Nos preocupa que el Gobierno no haya dado un solo paso para abordar la actual crisis de los derechos humanos. Cientos de activistas han sido encarcelados y sentenciados a largas penas de cárcel. La libertad de expresión está siendo continuamente pisoteada. Han dictado varas penas de muerte de carácter político. La libertad de reunión es prácticamente inexistente. Tememos que estas violaciones no tengan fin y conduzcan a un ambiente explosivo.

P. ¿Tienen algún canal de comunicación con el Gobierno para transmitir sus preocupaciones?

R. Lamentablemente, han cerrado las principales organizaciones de derechos humanos y sus dirigentes han sido encarcelados o no se han visto obligados a irse del país. Hablo de los Defensores de los Derechos Humanos de Shirín Ebadí, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Prisioneros de Emad Baghí y del Comité de Reporteros de Derechos Humanos de Shiva Nazaraharí. Ebadí está fuera, Baghí y Nazaraharí, en la cárcel ambos. Este Gobierno no tiene ningún respeto por los activistas de los derechos humanos y parece sentirse tan amenazo por ellos que los mantiene en la cárcel.

P. ¿Qué opina de la invitación que el jefe del poder judicial, Sadegh Lariyaní, ha hecho a los relatores especiales de la ONU?

R. La invitación de Lariyaní nos parece un truco y falta de sinceridad. El Gobierno iraní tiene una invitación abierta a los relatores especiales desde 2003, pero cada vez que alguno ha querido visitar el país, le han rechazado. Su verdadera intención quedó clara en el Consejo de Derechos Humanos del pasado febrero cuando Lariyaní acudió y rechazó la recomendación de los miembros del Consejo para que se produjera la visita. Si fueran sinceros, hubieran facilitado las peticiones de los relatores.

P. A pesar de todo, Irán ha intentado obtener un sito en ese Consejo y ha logrado asegurarse un puesto en la Comisión de la Mujer. ¿Puede ser útil su presencia?

R. Irán trató de entrar en el Consejo de Derechos Humanos para desviar los esfuerzos internacionales para promover y proteger los niveles de los derechos humanos universales. Este Gobierno ha cuestionado de forma continuada la universalidad de esos niveles y afirma que son relativos, "según cada cultura". Afortunadamente, no logró los votos necesarios ni siquiera entre los países de Asia, así que tuvo que retirarse. Fue un terrible error de cálculo, una gran derrota diplomática y una victoria para los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. No creo que su presencia hubiera contribuido a mejoras dentro de Irán. Han tenido muchas oportunidades de implicarse de forma constructiva con los órganos de derechos humanos de la ONU, pero no han mostrado ningún interés.

P. ¿Cuál es entonces la mejor forma de que la comunidad internacional aborde esta cuesteión con Irán?

R. Lo más prudente es hacerlo a través de los mecanismos multilaterales de la ONU y en especial del Consejo de Derechos Humanos. Durante el año pasado, el Consejo ha guardado un silencio absoluto sobre las atrocidades que estaban ocurriendo y la UE es la principal responsable porque no ha liderado una iniciativa allí. Durante la sesión del próximo junio, estamos instando a la UE a que proponga una resolución. Con España en la presidencia, esperamos que su Gobierno preste especial atención a este asunto.

P. Desde las protestas la Campaña ha denunciado un "creciente deslizamiento hacia la dictadura". ¿En qué basan esa percepción?

R. Primero, la forma en que fueron anunciados los resultados electorales y la extrema violencia con que se hizo frente a cualquier desafío, indica que no se respeta ni el estado de derecho ni la responsabilidad. En general, se ha debilitado notablemente el pilar republicano del sistema iraní. Segundo, la rienda suelta a los servicios secretos y las fuerzas de seguridad para detener a cualquiera en cualquier momento y a continuación utilizar los tribunales para encausar y sentenciar a activistas a largas penas de prisión es un signo claro de un deslizamiento hacia la dictadura. Tercero, el Parlamento ha renunciado a sus poderes para investigar y exigir responsabilidades a los otros poderes. Y finalmente, el constante recurso a la fuerza extrema y la represión para acallar a críticos y disidentes.