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El control por el poder judicial agrava la crisis en Nicaragua

Simpatizantes del gubernamental Frente Sandinista atacan a diputados de la oposición en la Asamblea Nacional y en un hotel

El empeño del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por controlar la cúpula del poder judicial está agravando una crisis que ha derivado ya en episodios de violencia. Simpatizantes del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), algunos de ellos armados con lanzagranadas caseros, atacaron el martes a los diputados de la oposición, primero en la Asamblea Nacional y luego en un céntrico hotel. Querían impedir que los parlamentarios derogasen un decreto por el que Ortega mantiene en la Corte Suprema y en el Consejo Electoral a varios magistrados afines, a pesar de haberles vencido su mandato.

La violencia desatada por las turbas en los alrededores de la Asamblea obligó a los diputados a trasladar la sesión al hotel Holiday Inn, en el centro de Managua. Hasta allí trasladó el oficialismo a sus simpatizantes en motos y autobuses, así como a funcionarios del Estado e incluso a alumnos de colegios públicos. Los sandinistas atacaron con piedras y granadas caseras el hotel, causando pánico entre los huéspedes, entre ellos varios turistas.

En uno de los salones, los diputados consiguieron 48 votos, uno más de lo que establece la ley, para iniciar la sesión. Los parlamentarios denunciaron un golpe de Estado del Gobierno para disolver la Asamblea Nacional, nombraron una comisión para buscar apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificaron una resolución para no reelegir a los actuales magistrados del Supremo y prepararon un proyecto de ley que deroga el decreto de Ortega. A la salida de la sesión, tres diputados resultaron heridos cuando su vehículo fue atacado por los manifestantes.

Presiones

Según los expertos, el decreto presidencial violenta la Constitución y desbarata la independencia de los poderes del Estado.

La violencia desatada en Managua es, según los analistas, una muestra de la presión que el Gobierno quiere ejercer para obligar a la oposición a negociar los nombramientos de nuevos magistrados bajo sus propios términos.

Hasta ahora los diputados han rechazado el decreto del presidente Ortega y han mantenido paralizada la Asamblea Nacional. Pero la crisis también muestra la debilidad de la oposición, incapaz de crear un bloque fuerte que haga frente a la deriva autoritaria del Gobierno de Ortega. Ayer, la Asamblea Nacional seguía sitiada por simpatizantes armados del FSLN.