Una ola de amenazas sacude a la Corte Suprema colombiana

Hay nerviosismo en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Las versiones, aún confusas, sobre un posible atentado fallido el jueves por la noche contra tres de sus nueve magistrados -entre ellos Augusto Ibáñez, hasta hace poco su presidente-, han propiciado que salten las alarmas y ha motivado que se refuercen las medidas de seguridad, las reuniones de urgencia y las visitas del fiscal y del director de la Policía al Palacio de Justicia.

El desencadenante se produjo el jueves por la noche con la detención de dos sicarios en una zona residencial de Bogotá donde viven los tres magistrados. El alto tribunal denunció, en un comunicado, "la indiferencia" ante las presiones que reciben a diario. Asimismo, repudió las "gastadas estrategias retóricas que anuncian una falsa preocupación por la seguridad de jueces y magistrados". Horas antes, el Consejo de Estado se había pronunciado de manera solidaria con sus colegas: "El funcionamiento de una rama judicial fuerte e independiente, libre de amenazas, constituye garantía esencial e insustituible del sistema democrático".

La tensión comenzó hace tres semanas, cuando un paramilitar, Bambam, alertó a los magistrados sobre un plan criminal contra ellos. De inmediato, la fiscalía y la policía tomaron cartas en el asunto.

Los matones detenidos el jueves llegaron de Córdoba, departamento de la región Caribe, donde actúan nuevos grupos paramilitares. Según han informado los medios locales, las autoridades interceptaron una llamada en la que se oía: "Magistrados, van a saber lo que es ganarse el premio gordo". Fuentes oficiales, sin embargo, dicen que los matones le seguían los pasos a un comerciante.

El alto tribunal, que tiene en sus manos, entre otros, el complejo caso de la parapolítica, ha sido objeto de sistemáticas amenazas. Algunos magistrados están en la larga lista de las personas ?periodistas, sindicalistas, miembros de ONG, políticos? que han sido objeto de pinchazos telefónicos y seguimientos desde el DAS, el servicio de inteligencia del Estado colombiano.

La corte, que ha pedido varias veces que se cree una comisión de la verdad que aclare toda la verdad sobre esta tenebrosa alianza entre políticos y militares, ha endurecido sus posiciones frente a los políticos implicados, la mayoría del círculo del presidente, Álvaro Uribe. Un ex congresista y un ex gobernador fueron condenados recientemente a 40 años: la corte los encontró responsables de crímenes cometidos por los paras. Las investigaciones de congresistas que renunciaron a su fuero para ser juzgados por la fiscalía volvieron a la corte. La semana pasada, ordenaron la detención del primo del primer mandatario. El ex congresista Mario Uribe, ya que la fiscalía lo había dejado en libertad el año pasado.

La corte, en este nuevo episodio de zozobra, no está sola. También ha recibido el apoyo de personajes y entidades nacionales e internacionales.