La activista Shukri Said, en huelga de hambre, ingresa en un hospital de Roma

La activista italiana de origen somalí Shukri Said, portavoz de la Asociación Migrare, está ingresada desde ayer en la clínica romana Madonna della Fiducia tras permanecer 17 días en huelga de hambre. Said y tres centenares de inmigrantes ayunan para exigir a Italia que cumpla la ley vigente, conocida como Bossi-Fini, en la entrega y renovación de los permisos de residencia a los inmigrantes. La norma prevé que los permisos sean renovados en 20 días, pero en la actualidad los trámites duran de media entre siete y trece meses. En este momento, hay medio millón de inmigrantes esperando una respuesta de la Administración.

"Se trata de una burocracia xenófoba y criminal", explica Said desde la clínica con un hilo de voz. "Porque durante el tiempo que el Estado tarda en resolver la renovación del permiso, quedan en suspenso los derechos básicos de los inmigrantes. No pueden viajar, ni trabajar legalmente, y en ocasiones los hospitales no les atienden".

Los activistas subrayan que "el clima de racismo institucional auspiciado por la Liga del Norte ha aumentado la desconfianza y el miedo de la población italiana al extranjero, de forma que el papel de correos que los inmigrantes reciben en espera de la resolución del permiso es solo papel mojado. Nadie se fía". Durante la tramitación del permiso, los inmigrantes no pueden tampoco viajar, y esta Navidad miles de afectados no han podido visitar a sus familias en los países de origen.

Desde que comenzó su protesta el 1 de enero, la colaboradora de las páginas de Opinión de EL PAÍS ha perdido cuatro kilos de peso. El médico que la trata, Tonino Ingratta, indica que su estado de salud es "preocupante". Said tiene la presión sanguínea muy baja y arriesga una insuficiencia renal. La activista por los derechos humanos, de 37 años, ha sido medicada con suero pero sigue negándose a ingerir alimentos. "Es una forma de gritar al mundo la rabia y la desesperación que está generando Italia a los inmigrantes que buscan situarse en la legalidad. La consigna del Gobierno parece consistir en criminalizar y marginar cada vez más a los trabajadores extranjeros, impidiendo su acceso a la sociedad civil. Y para ello el propio Ejecutivo no duda en ponerse fuera de sus propias leyes".

Los primeros huelguistas empezaron su ayuno, repartidos por todo el país, el pasado 13 de diciembre, apoyados por la cúpula del Partido Radical, cuyo secretario, Mario Staderini, ha reclamado "soluciones concretas" y ha denunciado que la parálisis burocrática "supone la muerte civil de los inmigrantes y alimenta el circuito de la criminalidad".

Tras apelar sin éxito al ministro del Interior, Roberto Maroni, y percibir el nulo eco de su iniciativa entre las instituciones y la oposición del Partido Demócrata, Said apela a la presidencia de la República italiana y a la Unión Europea para que tomen posición sobre el asunto. "Giorgio Napolitano, como jefe del Estado y garante de la Constitución italiana, y España, como presidente de turno de la UE, deben hacer oír su voz. Los medios italianos y las instituciones han ignorado nuestra protesta porque los inmigrantes no tienen derecho a voto", afirma Said. "Confiamos en la humanidad y solidaridad del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que Europa presione a las autoridades italianas a respetar los derechos civiles y las propias leyes del Estado".