La presión de los jefes militares obliga a Lula a modificar la ley de la Comisión de la Verdad

El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, y los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas presentaron la semana pasada su renuncia al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por su desacuerdo con el decreto que crea una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos durante la dictadura militar (1964-1985). El proyecto forma parte del Programa Nacional de Derechos Humanos anunciado por Lula la semana pasada. El presidente se negó a aceptar las renuncias y se comprometió a revisar esa ley que, aseguró, no conocía por completo.

La peor crisis político-militar suscitada en el Gobierno de Lula se había mantenido en secreto hasta ahora, cuando saltó a la prensa. El origen está en el malestar suscitado por lo que los militares consideran una redacción "revanchista y provocadora" del decreto, que crea una comisión de investigación con plenos poderes y abre la puerta a la revisión de la ley de amnistía de 1979, que posibilitó el regreso de la democracia y favoreció tanto a militares acusados de violaciones de derechos humanos como a miembros de grupos armados que combatieron el régimen militar.

A juicio del sector castrense, el texto es injusto y trata con desigualdad a las dos partes del conflicto, ya que no prevé ni investigación ni castigo por los actos violentos cometidos por guerrilleros y activistas políticos contra agentes del Estado. Este último punto es doblemente delicado porque algunos de aquellos guerrilleros están hoy en el núcleo del poder, como Dilma Rousseff, la candidata de Lula para disputar el año próximo las elecciones presidenciales, y el ministro de Comunicación, Franklin Martin. En el mismo sentido se pronunciaba Raul Jungmann, presidente de la comisión de Defensa del Parlamento. "Existe un acuerdo [entre el poder civil y los militares] que estipula que si la ley de amnistía se revisara, sería para investigar crímenes cometidos por ambos bandos. Pero el proyecto del Gobierno apunta sólo a los militares".

Ante las renuncias de los jefes del Ejército, Enzo Peri; de la Fuerza Aérea, Juniti Saito, y de la Marina, Júlio Moura, además del propio ministro de Defensa, Lula se comprometió a aplazar el envío del proyecto al Congreso y a revisar los puntos criticados.