El kirchnerismo estrena minoría con una reclamación de "blindaje social"

El Congreso argentino, que a partir de hoy dejará de estar dominado por el kirchnerismo, recibió ayer una serie de demandas sociales. Unos 10.000 manifestantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) marcharon hasta el Palacio del Congreso para exigir a los nuevos diputados y senadores, que habían sido elegidos en los comicios del 28 de junio, la aprobación de un "blindaje social" ante la crisis mundial.

La tercera economía latinoamericana crecerá este trimestre después de cuatro trimestres de caída, según los cálculos de las consultoras privadas, pero el impacto de la recesión en términos de paro (10%) y pobreza (36%) no se revertirá de un día para el otro.

Otras reclamaciones escucharán hoy los nuevos parlamentarios, entre los que se encuentran el ex presidente Néstor Kirchner, los peronistas disidentes Francisco de Narváez —que derrotó al marido de la presidenta Cristina Fernández en junio— y Carlos Reutemann, y la ex radical Elisa Carrió. Serán las quejas de las cuatro principales entidades agrícolas, que contarán con el apoyo de políticos y de dirigentes de otros sectores económicos, como la industria. La mayoría del campo argentino pide una rebaja de los impuestos a la exportación de granos, después de su victoria sobre el Gobierno tras una batalla de cuatro meses en 2008 para revertir la última subida.

Los 10.000 manifestantes de la CTA, según la cifra proporcionada por la misma central, abogaron por la sanción de un paquete de leyes "para proteger el empleo e impulsar la recuperación del ingreso de los trabajadores y de los jubilados". El Ejecutivo acaba de poner en vigencia un elogiado plan de subsidio de 31 euros mensuales para 2,7 millones de niños, hijos de parados y trabajadores sin contrato, pero algunos economistas y políticos critican que se financie con fondos de la seguridad social.

La CTA siempre había pedido esa subvención, pero ahora reclama un blindaje social que incluya la prohibición de los despidos sin causa, la creación de un seguro de empleo y formación universal (en la actualidad, sólo una minoría de los parados lo disfruta y no recibe capacitación), un mejor mecanismo de actualizaciones de las pensiones, la protección de los puestos de trabajo en las llamadas empresas recuperadas —las que quebraron en la crisis de 2001-2002 y fueron reabiertas por los empleados— y una ley que garantice la libertad y la democracia sindicales en Argentina.

Sólo la peronista Confederación General del Trabajo (CGT) cuenta con personalidad jurídica, otorgada por el Ministerio de Trabajo, mientras que la CTA carece de ese reconocimiento. Precisamente ayer la Corte Suprema de Justicia falló por segunda vez en 13 meses a favor de la libertad sindical. Semanas atrás, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se había manifestado en contra de la Corte por una cuestión supuestamente salarial.

"Reclamamos a los representantes del oficialismo y al resto de las fuerzas con representación legislativa que, a partir de la nueva composición del Congreso, se construyan los consensos democráticos con eje en la eliminación de la desigualdad social y que tengan como objetivo central terminar con la pobreza en la Argentina", enunció Hugo Yasky, secretario general de la CTA, la central de izquierdas. El peronismo kirchnerista y sus aliados dejarán de contar con la mayoría absoluta de la Cámara: tendrán 115 escaños sobre un total de 257. La oposición estará desunida: el radicalismo dispondrá de 43 legisladores; el peronismo disidente, 29; la Coalición Cívica, de Carrió, 19; la liberal Propuesta Republicana, 13; y el izquierdista Proyecto Sur, 11.

Antes de dirigirse al Congreso, la CTA marchó al Ayuntamiento de Buenos Aires para protestar contra el alcalde bonaerense, Mauricio Macri. Yasky explicó que "la marcha es para pedirle a Macri que termine con la represión, la criminalización y que desintegre su aparato represivo". Se refirió así a la Unidad de Control del Espacio Público, que se dedicaba a expulsar a los indigentes que dormían en las calles y cuya disolución fue prometida por el Gobierno de Macri.