Conflicto de poderes en la campaña boliviana

Uno está en libertad bajo fianza con restricciones para viajar y el otro, preso, pero Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández forman el binomio de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, respectivamente, que registra un sostenido crecimiento en la intención de voto para los comicios del 6 de diciembre, a pesar de encontrarse en el epicentro de un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Corte Electoral.

La campaña electoral boliviana se ha visto salpicada en estas últimas cuatro semanas por brotes de violencia entre partidarios de las ocho fórmulas que aspiran a lograr al menos el mayor número posible de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los candidatos que buscan la reelección ?el presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera? tienen casi asegurado el voto de la mayoría, pero no con el porcentaje que esperaban para culminar el proceso de cambio empezado hace tres años.

El tándem formado por Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández registra un creciente apoyo ciudadano, según coinciden las encuestas, probablemente al amparo de la hostilidad y el acoso del partido gubernamental a esta candidatura, que tiene restringida su libertad de expresión y de movimiento.

Fernández, preso desde septiembre de 2008, no puede hacer campaña como candidato de Convergencia a la vicepresidencia tras las rejas de la hacinada cárcel de San Pedro, en el centro de La Paz, ni convocar una conferencia de prensa si antes no la solicita a un juez cautelar, como exige el Gobierno de Evo Morales. Formalmente no se ha abierto el proceso judicial ordinario debido a que la tutela del expediente es objeto de pugna entre fiscales y jueces de Pando y La Paz.

En realidad, el caso de Fernández debería verse ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre, ya que los cargos se refieren al periodo en que ejerció como gobernador del departamento de Pando, cuando supuestamente fue responsable de la muerte de 13 personas, 11 de ellas indígenas, durante los graves incidentes registrados en Porvenir y Filadelfia hace más de un año y que aún no han sido esclarecidos.

El Organismo Electoral Plurinacional, nueva denominación de la Corte Electoral, se ha pronunciado a favor del derecho de Fernández a hacer campaña electoral desde la cárcel y de contactar con los medios de comunicación al carecer de una sentencia ejecutada. Pero la resolución de la Corte no ha sido acatada por las autoridades pertinentes y el poder ejecutivo ha anunciado que pedirá a la justicia ordinaria que dirima el caso, omitiendo el papel de máxima autoridad de los comicios que la Constitución asigna a la Corte Electoral.

Dos canales de televisión se colaron en la celda de Fernández para sendas entrevistas que disgustaron a los líderes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

El aspirante a la presidencia por Convergencia, el ex prefecto de Cochabamba Reyes Villa, acaba de someterse a la fianza impuesta por una juez de esta ciudad dentro de un proceso ?de una media docena instaurados por la prefectura ahora en manos del MAS? por cargos de corrupción en la construcción de un puente y compra de vehículos para uso oficial con sobreprecio.

Reyes Villa podrá viajar a Argentina, Brasil y España, siempre y cuando así lo solicite a la juez que dispuso la fianza, según explicó el asesor de la prefectura Rolando Ramos, quien añadió que la medida restrictiva obedece a que el ex gobernador, militar de profesión, no pudo acreditar ninguna ocupación remunerada, excepto como consultor de una empresa constructora que aparentemente no está registrada en instancias oficiales.

Ramos no pudo ocultar su ira cuando aludía a las presuntas malas artes de Reyes Villa, quien declaró como único patrimonio un mausoleo en el cementerio. El funcionario público está seguro de que transfirió otras propiedades y acciones a terceros para evitar su embargo y escapar a la acción de la justicia. Pero advirtió que todos serán sancionados.

Los responsables de Convergencia criticaron duramente los intentos oficialistas de someter a juicio a cuanto adversario pueda ponerse al frente, restringir sus derechos fundamentales y manipular los hechos a fin de mostrar a sus rivales ante la opinión pública como delincuentes o, al menos, transgresores de la legalidad.

Pero, en el fondo e íntimamente, se congratulan por los efectos que estos actos hostiles provocan entre los electores, proclives a defender con su voto al más débil.