Berlusconi pacta una reforma judicial para librarse de dos procesos

Silvio Berlusconi y su aliado Gianfranco Fini, presidente del Congreso, han pactado una reforma rápida y parcial de la Justicia que, con toda probabilidad, permitirá al primer ministro escapar indemne de los dos procesos reabiertos contra él por los jueces de Milán.

El caso Mills (en el que está acusado de corrupción), y el caso Mediaset (fraude fiscal) serán casi papel mojado, dijeron esas fuentes, cuando se apruebe, en los próximos días, según anunció Fini, un proyecto de ley que acotará los tiempos de los procesos -durarán un máximo de seis años- para los imputados que no hayan sido condenados con anterioridad.

El primer ministro lleva semanas buscando la fórmula mágica que le libre de sus procesos y de sendas condenas que parecen muy probables. Su abogado personal y diputado, Niccolò Ghedini, había propuesto a Giulia Bongiorno, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara y letrada afín a Fini, acortar en un 25% el tiempo de prescripción de los delitos penados con menos de diez años, pero el número dos del Pueblo de la Libertad ha rechazado esa posibilidad.

El presidente de la República, Giorgio Napolitano, había advertido al Gobierno de que no firmaría una propuesta semejante, y Fini recordó que la llamada prescripción breve supondría amnistiar de golpe, además de a Berlusconi, a miles de acusados más, con lo que la ley a medida no sería bien recibida. En declaraciones al canal de televisión Sky, Fini ha dicho este martes que Berlusconi y él desecharon esa idea "porque perjudicaría a otros ciudadanos".

Tras dos horas de reunión, que según se filtró fue bastante áspera, ambos acordaron una solución menos descarada: un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, es decir no emanado directamente por el Gobierno sino por la mayoría, que recortará la duración de los procesos.

La gran duda es saber qué efecto tendrá la medida sobre los juicios que el magnate debería afrontar ya este mismo mes. El constitucionalista Vittorio Angiolini expresó a este diario sus dudas: "Parece a priori una buena idea, el problema es saber lo que pretende en realidad, si trata de garantizar rapidez para todos o solo de evitar a toda costa que se dicten condenas [en su contra]".

Fuentes judiciales recuerdan que tanto el caso Mills como el caso Mediaset deben comenzar de cero, y dado que anteriores leyes ad personam han puesto numerosas trabas a la investigación de los delitos societarios, difícilmente los jueces podrán culminar su trabajo a tiempo.

El líder del Partido Democrático, Pier Luigi Bersani, anunció que se opondrá a la reforma "si ésta cancela los procesos en curso". El ex juez Antonio di Pietro, secretario general de Italia de los Valores, fue más duro y calificó la reforma de acto criminal: "Los problemas estructurales impiden a los jueces terminar los procesos en tiempos breves. De esta forma, todos escaparán sin condena, porque ningún juicio acabará a tiempo. Y todo para favorecer a un individuo formalmente limpio, pero en esencia corruptor, que se llama Silvio Berlusconi".

Los dos líderes conservadores pactaron también que el Gobierno destine más dinero a la justicia. "El primer deber del Gobierno es poner a disposición de la Justicia más recursos porque en muchos casos la lentitud deriva de las condiciones pésimas de los tribunales", dijo Fini, que reveló que el primer ministro le ha "garantizado" que dedicará una remesa especial a la justicia en los presupuestos del Estado.

El ex líder de Alianza Nacional, jugando como suele el papel de policía bueno, se mostró abierto también a estudiar la reimplantación de la inmunidad parlamentaria, estatuto jurídico que Italia abolió en 1993, en plena eclosión de la llamada Tangentópolis, los casos abiertos por jueces y fiscales por corrupción contra destacados políticos. "Pero se habla de inmunidad y no de impunidad", matizó.