El general que expulsó a Zelaya de Honduras teme una persecución legal

El lugar se llama Río Abajo, está a la salida de la ciudad, al pie de la carretera que va a Olancho. Música estridente, una bailarina ligerita de ropa y viseras azules de regalo. Esta tarde toca mitin. Vienen el candidato nacionalista a alcalde de Tegucigalpa y el candidato nacionalista a presidente de Honduras. Sólo hay que fijarse en lo que prometen uno y otro para percatarse de lo lejos que está la política real de la que sale en los noticieros. El candidato que quiere ser presidente promete paz, unidad y reconciliación. El que quiere ser alcalde, velatorios y entierros baratos: "Para que no tengáis que enterrar a vuestros mayores en bolsas negras de basura".

De regreso a la ciudad, ya de noche, el taxi pasa rápido por barrios donde ni la policía se atreve a entrar, lugares donde se tira de pistola para robar un teléfono móvil. Los hondureños, al igual que sus vecinos salvadoreños o guatemaltecos, viven sometidos al terror de las pandillas juveniles. En El Salvador, el presidente Mauricio Funes ya ha sacado al Ejército a la calle para combatir a las maras. En Tegucigalpa, los taxistas reclaman una medida similar, después de que varios de ellos hayan sido ultimados a balazos por no pagar el diezmo semanal a los extorsionadores.

Pero el jefe del Ejército hondureño, el general Romeo Vásquez, tiene otras preocupaciones. Según oficiales a sus órdenes, Vásquez está muy preocupado por no terminar en chirona.

Romeo Vásquez, de natural dicharachero, se ha encerrado en el silencio. Ya sólo habla con quien le inspira confianza... La confianza de que no le va a preguntar a bocajarro: "¿Quién le dio la orden de sacar al presidente Manuel Zelaya de su casa y expulsarlo, en pijama, del país?". Al principio, el general salía del apuro contestando: "Vayan a preguntar a los juzgados". Pero ya esa respuesta no sirve. Sobre todo después de dos circunstancias. La primera, la promesa -aunque poco fiable- del presidente golpista, Roberto Micheletti, de que los responsables de aquella acción serán castigados. La segunda, la doble decisión tomada por los negociadores de Zelaya y Micheletti: no a la amnistía, y sí a la creación de una comisión de la verdad que investigue lo sucedido en Honduras desde aquel 28 de junio, cuando un comando militar sacó a Zelaya de su cama y lo abandonó en Costa Rica.

Cuatro días antes, el jueves 25 de junio, el presidente Zelaya había destituido al general Romeo Vásquez, de 52 años, con el que hasta entonces mantenía una buena amistad, por negarse a que el Ejército repartiera el material electoral para la celebración de una consulta popular que despejara el camino hacia su reelección. La llamada "cuarta urna" ya había sido considerada inconstitucional por la Corte Suprema y el Congreso. La Justicia hondureña rehabilitó al general en su cargo sólo unas horas después.

Oficiales cercanos al general comentan que también ellos están preocupados. "Si algo ha quedado claro", sostiene un militar de alto rango, "es que aquí el Ejército cumplió una misión el día 28 de junio. Alguien nos dio una orden y nosotros la cumplimos. Ahí terminó nuestra intervención. Ni el general ni ninguno de nosotros hemos participado después en el nuevo Gobierno o de cualquier otra prebenda. Sería injusto que los políticos se pusieran ahora de acuerdo y que el chivo expiatorio lo pusiéramos nosotros". Tanto los militares, en privado, como el propio Micheletti, en público, se muestran temerosos de que, si Zelaya regresa al poder, aunque sea de modo fugaz y con los poderes mutilados, aproveche para poner en su sitio a quienes con nocturnidad y fusiles de alto poder lo secuestraron aquel 28 de junio.