El nuevo fiscal general mexicano promete que depurará la institución

Después de un accidentado proceso de ratificación en el que se enfrentó a múltiples cuestionamientos, el nuevo procurador general de la República de México, Arturo Chávez Chávez, se comprometió ayer, en su primera comparecencia ante la prensa, a someter a todos y cada uno de los colaboradores de la fiscalía federal, administrativos y él mismo incluidos, a controles de confianza.

En números redondos, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) está compuesta por alrededor de 3.000 policías federales ministeriales, 4.000 agentes del ministerio público y 1.500 trabajadores administrativos. Chávez quiere que todos ellos pasen "esquemas de control de confianza permanentes y periódicos" para evitar "que la corrupción permita la filtración de información" en el marco de la lucha contra el crimen organizado, explicó ayer, apenas unas horas después de que concluyera su proceso de ratificación.

En México, el cargo de fiscal general depende del presidente de la República, pero la propuesta que éste haga debe ser ratificada por el Senado. Tras una larga batalla en los pasillos del poder y en los medios, Eduardo Medina Mora salió a principios de septiembre de la PGR, en lo que fue interpretado como un triunfo de su rival, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Al conocerse que Arturo Chávez era la propuesta del presidente, Felipe Calderón, se abrieron dos grandes incógnitas que fueron los ejes de los cuestionamientos en el Senado: el primero, por qué proponer a un funcionario al que su gestión en Chihuahua le ganó recriminaciones formales de la ONU, de eurodiputados y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su pobre desempeño en la investigación de los feminicidios de Ciudad Juárez. El segundo cuestionamiento es si el bajo perfil de este abogado no formalizará en los hechos la supeditación de la PGR al secretario García.

Chávez rechazó la condena de múltiples organismos de defensa de derechos humanos; señaló en su comparecencia ante la prensa que, de los 93 casos de mujeres asesinadas, en 65 se cumplió con la "obligación" de integrar una averiguación previa, y apenas fue ratificado prometió que se reunirá con las madres de las víctimas para, desde su nuevo cargo, ayudarlas a encontrar justicia.

La pregunta que aún no tiene respuesta es cuál fue la moneda de cambio que pidió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en bloque votó junto con los panistas para superar los votos en contra de los partidos de izquierda. El PRI veía con recelo al candidato, hasta el punto de que lo calificó como "el menos malo" de los perfiles. Al estilo Poncio Pilatos, el PRI, la segunda fuerza en el Senado, anunció en la tribuna que aprobarían el nombramiento para que toda la responsabilidad recaiga sobre su patrocinador, el presidente Calderón.

Pero muchos observan que la inminente cascada de funcionarios que panistas y priistas deberán negociar en los próximos meses (hay cambios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Banco de México, entre muchos otros) es lo que está detrás del apoyo del partido tricolor.

Con el anuncio de los controles de confianza a su personal, Chávez pretende recuperar algo del prestigio que la PGR ha perdido en los últimos años, pero él también tendrá que construir el suyo, pues, ayer mismo, su oferta de ayuda a las madres de Juárez fue rechazada. "Nosotras de antemano lo desconocemos, porque él es un riesgo para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Durante su desempeño como procurador y subprocurador de Chihuahua cometió grandes negligencias en la integración de los expedientes, no investigó los asesinatos de mujeres; sobre los casos que él dice que resolvió hay que decir que es el periodo en el que se fabricaron los chivos expiatorios. Éste nombramiento violenta la Constitución, que estipula que la persona que ocupe debe tener una buena reputación", dijo ayer a EL PAÍS María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.