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Esclavas del sexo y del desamparo en Guatemala

La oficina del Defensor del Pueblo denuncia la impunidad de las mafias que explotan a las mujeres

Guatemala, como país de paso obligado para los emigrantes que pretenden llegar clandestinamente a Estados Unidos, se ha convertido en un lugar privilegiado para la explotación sexual de mujeres. Muchas de ellas son adolescentes de 12 o 13 años, engañadas en sus países de origen (El Salvador, Honduras y Nicaragua, mayoritariamente), donde se les ofrecen trabajos como empleadas domésticas o dependientas de comercio, para luego, lejos de sus familias, ser obligadas a ejercer la prostitución en bares y burdeles.

Así lo denunció el martes la oficina del Defensor del Pueblo guatemalteco. En una conferencia de prensa convocada con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niñas y Niños, la defensora de los Derechos de la Mujer, Ana Gladys Ollas, señaló que se trata de un negocio sumamente lucrativo y "con escasos riesgos para las organizaciones que lo realizan". Puntualizó que en este país existen escasos registros sobre el número de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son explotados sexualmente, "pero la condición geográfica de un país de tránsito y origen de migrantes" lo hace muy vulnerable al negocio de la trata de personas, "especialmente en la explotación sexual".

A este respecto, Ollas cita un estudio de la Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Guatemala, según el cual "el 70% de las mujeres que son explotadas en prostíbulos de la Ciudad de Guatemala se ubican entre los 13 y los 25 años de edad", y subraya que un 63% de las mismas son originarias de El Salvador, Honduras y Nicaragua. "El 16% de las víctimas se inició antes de los 18 años, y algunas de ellas, desde los 12", señaló.

La pobreza y la hambruna son las causas últimas de esta lacra. "La mayoría de las personas que son sometidas a la trata sexual son mujeres, niñas y adolescentes, lo que revela contradicciones por razones de sexo, raza y baja condición económica, extremo que constituye una grave violación de los derechos humanos de las víctimas", se lee en un comunicado de prensa de la oficina del Defensor del Pueblo.

La vulnerabilidad de las víctimas llega a tal extremo que ni siquiera hay estadísticas oficiales. Un estudio del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH y Sida (Onusida) estima en 35.000 el número de mujeres víctimas de la explotación sexual. Unas 8.000 se encuentran en la Ciudad de Guatemala, donde 2.000 son menores de edad, de acuerdo a la estimación del organismo mundial. Pero es en las provincias y ciudades fronterizas, particularmente con México, donde se registra el mayor nivel de incidencia. El desamparo de estas esclavas sexuales llega a tal extremo que la policía, lejos de perseguir a los proxenetas, castiga a sus víctimas y comete toda clase de tropelías, como las deportaciones masivas o su mantenimiento en prisión durante largos periodos de tiempo, sin acceso alguno a la justicia.

"La policía abusa, en una mala interpretación de la ley. Hay operativos claramente violatorios de los derechos humanos, y deportaciones masivas de extranjeras, después de mantenerlas hasta tres semanas detenidas en condiciones infrahumanas y sin acceso a tribunales o a un defensor", puntualiza Karina Ortega, directora de la Asociación de Salud Integral para las Prostitutas, quien añade que las autoridades "se ceban en contra de las mujeres y dejan impunes a los proxenetas".

Ortega lamenta que en Guatemala no exista un albergue para proteger a las víctimas. "Si no hay nada parecido para atender a las menores de edad, el abandono para quienes ya superan los 18 años es total". Agrega que su organización trabaja en la celebración de talleres para que las prostitutas conozcan la legislación y su correcta interpretación.

Todo lo anterior se agrava por la ausencia de denuncias, una conducta que Ortega explica por "la cultura del silencio" que mantienen las mujeres centroamericanas, secularmente maltratadas, y un miedo paralizante a ser víctimas de represalias, "porque los dueños y encargados de los prostíbulos mantienen una vinculación muy estrecha con algunos jefes de la policía".