Los opacos y ventajosos diputados

La Cámara de Diputados mexicana está a punto de renovarse. El 1 de septiembre tomarán posesión 500 nuevos legisladores. El recambio ocurre cuando hay múltiples cuestionamientos a la opacidad con que opera ese cuerpo legislativo. Botón de muestra de esa conducta fue el bono que los integrantes salientes de la llamada Cámara Baja se autoasignaron en diciembre pasado, como compensación para subsanar el pago de impuestos por un bono de fin de año correspondiente a 2008.

En México, en el pasado acudimos frecuentemente a dispensar a las autoridades asumiendo que "cada pueblo tiene el Gobierno que se merece". Pero esta premisa que sólo reforzaba la resignación ante el abuso de autoridad, empieza a ser puesta en jaque por la ciudadanía

Para tratar de contribuir a romper esta cultura de abuso impune de las autoridades e indiferencia de la sociedad, y haciendo uso de mecanismos legales de participación ciudadana y rendición de cuentas, el Movimiento Dejemos de Hacernos Pendejos DHP* presentó a la Cámara de Diputados una petición ciudadana exigiendo que se les explicara de manera formal el por qué los diputados se habían compensado ese impuesto por concepto del aguinaldo (paga navideña extra), cuando es obvio que el resto de la ciudadanía sí pagó al erario público.

La petición se presentó con 4.000 firmas ciudadanas y cumplió con todos los requisitos legales, pero los diputados no respondieron en el plazo constitucional. Ante el silencio de los legisladores, la prensa increpó al presidente de la Cámara, el diputado priista César Duarte, quien sin entrar en materia, en un gesto más de opacidad, argumentó que no atendería la petición debido a que el nombre del movimiento les parecía altisonante.

La rendición de cuentas es un motor de democracia inservible si no es asumida como una obligación irrenunciable de los representantes y si al esquivarla no corren riesgos políticos, ni afrontan consecuencia alguna. Con la intención de que un abuso de autoridad como éste tenga consecuencias, el 20 de julio pasado el DHP* promovió un amparo por violación a la garantía individual de recibir respuesta frente al derecho de petición (Art. 8 Constitucional), con el objetivo de que el Poder Judicial obligara a los diputados a responder.

Además, ante el hecho de que los diputados atienden con oportunidad y diligencia a sus cúpulas partidistas, el DHP* envió una carta a la presidencia nacional de los partidos mayoritarios PRI, PAN y PRD para que intercedieran a fin de que los coordinadores de cada bancada contestaran la petición.

Finalmente, el lunes 10 de agosto, en un acto de irresponsabilidad alevosa, la Cámara de Diputados entregó una "respuesta" sin atender la petición ciudadana como tal. La resolvió como si fuera una solicitud de información, de modo que la instancia que responde es la Unidad de Transparencia de la Cámara.

En su respuesta aceptan que sí se compensaron el impuesto al aguinaldo. Dicen que dicha compensación se aprobó el 6 de noviembre del 2008, por acuerdo de la Comisión de Administración y en concurrencia con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Norma para regular la transferencia y control de recursos financieros asignados a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

En efecto, los diputados están facultados legalmente para tomar acuerdos, pero la Ley los obliga a que los fundamenten jurídicamente y establezcan el espíritu de su decisión. Sin embargo, el acuerdo con el que decidieron regresarse el impuesto de su aguinaldo, no está justificado. Así que podemos suponer que realizaron una asignación ilegal de recursos públicos para engordar sus bolsillos.

El DHP* pudo haber solicitado la información a través de la Unidad de Transparencia de la Cámara, pero optó por la petición ciudadana bajo el supuesto de que obligaría a los diputados a discutir en sesión plenaria la respuesta y que permitiría, en caso de no ser resuelta en tiempo y forma, recurrir al Poder Judicial para que interviniera.

Existe una premeditada opacidad que encubre al Poder Legislativo y a los "otros sujetos obligados" en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esto desmotiva a cualquiera a requerir información pública que comprometa a las autoridades. Las lagunas que presenta la normatividad se deben a una pendiente regulación que los legisladores siguen postergando. En el ámbito federal, existen básicamente tres condiciones que entorpecen la rendición de cuentas.

Primero, está la distinción entre el Poder Ejecutivo y los "otros sujetos obligados" que hace la LTAIPG y cuyo incumplimiento supone consecuencias distintas. La rendición de cuentas y el acceso a la información del Poder Ejecutivo están garantizados en mayor medida, debido a que tiene que asumir los dictámenes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en caso de que la negación o el estado de la entrega de la información no hayan sido plenamente justificados.

En contraste, para los otros sujetos obligados como el Poder Legislativo, el Judicial, el Instituto Federal Electoral o el Banco de México, entre otros, la entrega o negación de información está supeditada al dictamen de unidades de transparencia integradas por funcionarios de los mismos órganos. De modo que si un ciudadano se inconforma ante la negación o la entrega incompleta de información, debe recurrir al Comité de Información, instancia igualmente integrada por funcionarios de las propias instituciones, para que le resuelva la controversia. Entonces, por absurdo que parezca, al ser juez y parte en las resoluciones de las inconformidades, los otros sujetos obligados no incumplen la ley cuando dejan al ciudadano desprotegido.

En segundo lugar, enfrentamos la poca disposición de nuestros representantes para hacer accesible la información pública. Una de las innovaciones de la LFTAIPG es el reconocimiento del Internet como herramienta para la rendición de cuentas. Y aunque los diputados están obligados a hacer público el ejercicio de su gasto, no es posible encontrar en la página de internet de la Cámara información sobre el monto, justificación y origen de los recursos con los que se compensaron el impuesto mencionado.

La tercera limitante es la ausencia de elementos coercitivos que obliguen a las autoridades a dejar de simular su apego al principio de máxima publicidad. Mientras no asignen responsabilidades administrativas en razón de la opacidad, la transparencia responderá sólo a las astutas simulaciones.

En el caso de la compensación del bono navideño aquí descrito, el Poder Legislativo hizo gala de una opacidad indignante. Se otorgaron privilegios fiscales frente al resto de la sociedad, no atendieron la petición ciudadana en los tiempos que establece la Constitución y le dieron trato de solicitud de información, en un proceso con el que pretenden ser juez y parte.

Afortunadamente, ante su incompleta y tardía respuesta, los ciudadanos podrán demandar penalmente a los diputados, señalando la ilegalidad con que decidieron entregarse recursos públicos. Llegó el momento de poner un alto a los abusos de poder. Los ciudadanos en México han decidido que el gobierno que tienen no es el que merecen y que para cambiarlo hay que ejercer acciones valientes e inteligentes que lleguen hasta las últimas consecuencias.

Activista y Máster en Políticas Públicas http://www.maiteazuela.blogspot.com