Una ciudad al borde del abismo

Sólo la presencia de una gran riqueza por explotar justifica la presencia humana en un territorio tan difícil. Ubicada a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en una meseta donde la temperatura rara vez supera los 10 grados, Cerro de Pasco nació al lado de un yacimiento, allá por 1572, y parece condenada a morir por la misma razón que le dio vida. La ciudad, que creció hasta convertirse en capital de la región de Pasco y que alberga actualmente a cerca de 80.000 habitantes, está a punto de ser devorada por la mina a cielo abierto más alta del mundo.

Por lo pronto, la ciudad ya está, literalmente, al borde del abismo. La empresa Volcan, operadora de la mina, ha presentado el denominado Plan L para ampliar la mina 11,4 hectáreas más de las 140 que ya ocupa. El problema es que la expansión implica la destrucción no sólo de viviendas, escuelas y una comisaría; también de la plaza principal, la iglesia y otros edificios emblemáticos, que incluso llegaron a ser declarados patrimonio de la nación. Y aunque la empresa minera firmó el año pasado un acuerdo con la municipalidad para llevar a cabo la expansión, no todos los habitantes están satisfechos. "El alcalde es un traidor, porque firmó el plan sin consultar a la población", critica Percy Suárez, secretario general del Frente Cívico de Defensa de Pasco. "No somos antimineros, pero insistimos en que la empresa debe resarcir y compensar adecuadamente a los vecinos y reponer los edificios históricos que van a desaparecer", aclara.

Lo cierto es que las partes no se ponen de acuerdo ni siquiera en si el Plan L se está ejecutando o no. Suárez asegura que sí, pero Volcan, a través de su portavoz en Cerro de Pasco, Luis Pariona, afirma que no, al menos en lo referido a la explotación minera, aunque aclara que sí están cumpliendo con los compromisos asumidos con el Gobierno de la ciudad. La empresa ha comprado bastantes viviendas en la zona en la que proyecta expandir la mina, pero, según Pariona, todavía no ha empezado a ejecutar su plan porque para ello debe presentar un estudio de impacto ambiental. Tampoco parece haber prisa, ya que debido a la crisis global y a la caída del precio de los minerales, la empresa ha bajado considerablemente el ritmo de sus operaciones. El año pasado incluso suspendió temporalmente la explotación y trabajó solo en socavones.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2008 una ley que declara de necesidad pública la implementación de medidas al respecto. Sin embargo, en la práctica es poco lo que se ha avanzado hasta ahora. Hace poco se ha encargado la elaboración del reglamento de la ley y la empresa de consultoría contratada para ello ha adelantado que, en el mejor de los casos, el traslado tardaría en producirse dos años. Existen dos posibles emplazamientos, ambos ubicados a menos de 50 kilómetros de la actual ciudad. El coste se estima en más de mil millones de dólares, como mínimo. "Un coste que ni Volcan ni ninguna empresa minera del mundo podría asumir", advirtió Pariona hace unos meses.

Así las cosas, tampoco hay acuerdo sobre quién deberá asumir ese gasto. "Nosotros sostenemos que se trata de una reubicación forzada, no voluntaria, y por lo tanto deben ser el Estado y la empresa minera quienes asuman el coste", señala Luz Gladys Huamán, de Centro Labor, una organización que recibe apoyo de la ONG InspirAction para trabajar con los habitantes de la región. Volcan no quiso opinar sobre este tema. "El eventual traslado es una decisión política, que deben tomar las autoridades. No es competencia de una empresa privada y no nos compete pronunciarnos", explica Luis Pariona.

La reubicación también solucionaría otro grave problema: la contaminación a la que están expuestos los habitantes de la ciudad. Centro Labor asegura que se han realizado cinco estudios en los últimos años y todos arrojan que la población de Cerro de Pasco tiene concentraciones de plomo en la sangre superiores a los límites permisibles. Volcan asegura que ello no se debe a su explotación, sino al pasivo ambiental acumulado a lo largo de siglos de minería y a la calidad de los suelos, poco aptos para vivienda por su alta concentración de minerales. A ello se suma la contaminación de una laguna cercana y la que generan los enormes montes de material de desecho que deja la explotación de la mina.

"No nos oponemos a la minería, pero queremos una nueva ciudad que sea habitable, que tenga un parque industrial y que nos permita desarrollar otras actividades económicas", asegura Dimas Peña, presidente de la Asociación de Comerciantes e Inquilinos de Cerro de Pasco afectados por la Explotación Minera. Pese a las demoras y discusiones, la mudanza de la ciudad parece inevitable. Eso sí, nadie logra ponerse de acuerdo en cuándo; menos en el cómo.