Tegucigalpa cree que aguantará seis meses de provisionalidad
A un mes del golpe permanecen suspendidas garantías individuales
El canciller del régimen interino de Honduras, Carlos López, dijo ayer que su país puede aguantar seis meses más con esta situación. Que es manejable el funcionamiento del Gobierno de hecho de Roberto Micheletti; que puede soportar las condenas de la comunidad internacional y las pocas sanciones económicas hasta ahora aplicadas; que Manuel Zelaya puede quedarse acampando en la frontera con Nicaragua motivado por la diplomacia "bolivariana" y reclamando la posibilidad de retomar la silla presidencial de la que le despojaron el 28 de junio. Y es que los ocho millones de hondureños cumplieron ya un mes de levantarse por la mañana sin saber qué va a pasar con su país.
Estos 30 días han deparado dos muertes y suspensión de garantías individuales. Salvo los corresponsales de los medios internacionales, los extranjeros han suspendido sus visitas. Washington recomendó no viajar a Honduras. Hay dos presidentes y un estado de tensión política que provoca temores. Los únicos intentos de diálogo, en Costa Rica, sólo han servido hasta ahora para exportar la crisis y darle el cariz internacional justo, porque nadie duda de la impronta que la Venezuela de Hugo Chávez ha fijado sobre Honduras.
Dentro del territorio hondureño, el equivalente a un tercio de Alemania, los hondureños se fuerzan a vivir con normalidad. Los centros comerciales presentan una actividad aceptable, la inseguridad callejera sigue tan elevada como de costumbre y los servicios públicos funcionan como si nada. Los estudiantes, sin embargo, han debido extender sus vacaciones porque el gremio de profesores se sumó a la "resistencia" que Zelaya repite cada vez que tiene un micrófono en frente. "Todos viven como tratando de aprovechar la normalidad mientras se pueda, porque cualquiera entendería que los resultados de la crisis económica con la crisis política llegarán a ser terribles", lamenta un diplomático hondureño acreditado en el exterior.
El Congreso Nacional, una de las instituciones internas que repudian en masa a Zelaya, ha pospuesto para este viernes la discusión sobre el Acuerdo de San José, la única propuesta concreta de una solución pacífica al conflicto, presentada por el mediador Óscar Arias, presidente de Costa Rica. Al Congreso, como al resto del aparato político alrededor de Micheletti, nada le urge. Sabe que cada día que pase es una fecha menos para llegar vivos al 27 de enero. Ese día debe asumir el poder el nuevo gobernante que debe salir elegido en unos comicios previstos para octubre o noviembre en condiciones que nadie se atreve a pronosticar. Carlos López cree que Honduras puede aguantar seis meses, pero no aguantaría el retorno de Zelaya a la Presidencia.
Algo cambió el pensamiento del canciller de facto, porque hace sólo una semana firmó un documento en cuya última página aceptaba la restitución de Zelaya. El texto llegó a Costa Rica de madrugada, sólo 12 horas antes de que Arias leyera su Acuerdo de San José frente a las delegaciones de Zelaya y Micheletti. López, sin embargo, debió cancelar su presencia a última hora y quedarse en Tegucigalpa. En su lugar habló Mauricio Villeda, un duro de la derecha hondureña, conocido por su cercanía con el Opus Dei; el regreso de Zelaya sigue siendo inaceptable. En la delegación de Zelaya también se han visto obligados a disimular diferencias internas, reconoció una de las personas presentes en las dos rondas de diálogo realizadas en la residencia privada de Arias. "Hay sectores más duros que otros y están atentos a evitar cualquier signo de transigencia", dijo la fuente. Arias sigue confiando en su proceso de mediación, mientras en el continente se teje la idea de formar una comisión internacional que revitalice los planteamientos de Arias.
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