15 años y ni rastro de culpables

Uno de los casos más enrevesados y vergonzosos en los que se han visto envueltos la justicia, la policía y los servicios de inteligencia argentinos en época democrática es el llamado caso Amia, del que se cumple este sábado el decimoquinto aniversario. Se trata del peor atentado cometido contra la comunidad judía después de la II Guerra Mundial: un coche bomba estalló a las 9.05 de la mañana del 18 de julio de 1994 frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio de Once, y causó 85 muertos y 300 heridos. Pasados 15 años, el caso sigue sin estar cerrado, no hay detenidos y el escándalo sigue dando coletazos. El último porque los familiares de las víctimas rechazan que se nombre jefe de la recién creada Policía de la capital a Jorge Palacios, que era comisario de la Policía Federal cuando ocurrió el atentado y al que acusan de haber obstruido gravemente la investigación.

Argentina cuenta con la sexta población hebrea más grande del mundo, fuera de Israel, y solo en el área de Buenos Aires se calcula que viven, aproximadamente, 200.000 judíos.

El atentado contra la Mutual se produjo dos años después de que otro coche bomba destruyera la embajada de Israel en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1992, y causara 29 muertos y 242 heridos. No hubo detenidos, ni tan siquiera sospechosos claros, pero la Corte Suprema estableció, en diciembre de 1999, que el atentado había sido obra de la Yihad Islámica, brazo armado de Hezbolá. El Gobierno israelí insistió desde el primer momento en la responsabilidad final de Irán.

El segundo atentado fue todavía más brutal y dio origen a una lastimosa investigación judicial y policial que acabó, diez años después, con la liberación de todos los sospechosos de haber colaborado en la masacre. Hace un año y medio, el nuevo fiscal encargado del caso reabrió la conexión internacional y pidió a la Interpol la detención de un libanés y ocho iraníes, entre ellos el ex presidente Ali Rafsanyani, por crímenes de lesa humanidad. El organismo internacional rechazó la orden de captura para Rafsanyani pero emitió la de otros seis ciudadanos iraníes, entre ellos el agregado cultural de la embajada de Teherán en el momento del atentado, Moshen Rabbani, y la del acusado libanés, conocido ya por su implicación en otros actos terroristas.

En Argentina el verdadero escándalo lo provocó la investigación de la conexión local. Las autoridades policiales y judiciales estimaron desde el primer momento que el atentado no había podido producirse sin apoyo interno: alguien facilitó los explosivos y la furgoneta en la que se instalaron. Detenido el dueño del vehículo, este implicó a su vez a miembros de la Policía Federal, que fueron encausados y juzgados. En el juicio oral, que se prolongó durante tres años, se demostró, sin embargo, que el propio juez instructor de la causa, Juan José Galeano, había ofrecido una elevada cantidad de dinero al dueño del coche para que implicara a un comisario, Juan José Ribelli, y a tres oficiales de la policía. En septiembre de 2004, se dio por nulo el juicio y se dejó en la calle a los sospechosos. El magistrado implicado en el extraño montaje fue expedientado y destituido. ¿De dónde había sacado el juez el dinero que ofreció? Una posible interpretación es que le fue proporcionado por los servicios de inteligencia argentinos, la famosa SIDE, convencida de la participación del comisario, pero escasa de pruebas reales, o dispuesta a encontrar un culpable fuera como fuera.

Los familiares de las víctimas recurrieron la decisión de anular todo el juicio y solicitaron que se reabriera con lo actuado hasta el momento de la intervención del juez Juan José Galeano. Hace tres semanas y media, la Corte Suprema convalidó esa petición y aceptó como válidas pruebas anteriores, con lo que el caso Amia vuelve a manos de un juez de primera instancia y recomienza su peripecia.

Mientras tanto, siguen las denuncias por el comportamiento de la policía. Es el caso de Jorge Palacios, a quien el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, acaba de nombrar jefe de la recién creada policía porteña. Palacios es, al parecer, uno de los hombres más respetados en la Policía Federal, en la que ocupó importantes cargos, pero según los familiares de las víctimas fue investigado por un juez por haber entorpecido la investigación del caso AMIA en relación con un ciudadano sirio. En aquel momento, el presidente argentino era Carlos Menem, de raíces sirias. "El nombramiento de Palacios da vergüenza ajena", protestó la agrupación Memoria Activa.