Un tribunal contra los piratas

La ruta del Golfo de Adén, que une el mar Mediterráneo y el Índico, se ha convertido en el escenario de la pugna por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China. Washington, la superpotencia tradicional momentáneamente en apuros, no quiere perder su influencia en una zona que registra el 90% del comercio marítimo mundial, así como el 65% del transporte de petróleo. China, el gran poder emergente, trata de asegurar allí el abastecimiento de energía que le llega de África. De paso, intenta transformarse en un poder marítimo. Esta rivalidad de fondo, a la que una India poco dispuesta a las injerencias externas no es ajena, se ha visto agitada por una fuerza inusitada. Se trata de los piratas somalíes. El año pasado, estos ladrones guiados por los más modernos sistemas de navegación, ganaron unos 300 millones de dólares (216 millones de euros). Fue el monto de los rescates pagados por compañías fletadoras, en su mayoría europeas, a cambio de la liberación de los mercantes y petroleros secuestrados (293 en 2008, y 102 en el primer trimestre de 2009). Para los corsarios, o mejor dicho, contra ellos, cobra fuerza la creación de un tribunal penal internacional de carácter mixto.

Ese nuevo tribunal, formado por jueces africanos y occidentales, y apoyado por Naciones Unidas, tendría su sede en la propia región. Tal vez en Kenia, adonde la UE ha enviado ya un centenar de presuntos asaltantes para que sean procesados. Sin duda, cierto pragmatismo podría reducir el lastre de unos secuestros que le cuestan a la marina mercante mundial hasta 19.000 millones de dólares anuales.

En su mayoría pescadores pobres desposeídos de su sustento por la guerra civil, los piratas somalíes han hecho algo tan clásico como transformar su actividad en un negocio lucrativo: pueden ganar hasta 10.000 euros por un abordaje exitoso. Lo que constituye un problema moderno es la situación de su país. Somalia desapareció como Estado en 1991 con la caída de su presidente, Mohamed Siad Barre. El país, sumido desde entonces en una vorágine de autoproclamados Estados, que funcionan de forma autónoma -en especial Somalilandia, al noreste, y Puntland, en el extremo del Cuerno de África- y con un Gobierno provisional de islamistas moderados, no puede controlar a sus piratas. Además, la mayoría de sus 8 millones de habitantes sobrevive gracias a la ayuda al desarrollo.

Según el grupo de politólogos y oficiales navales europeos y estadounidenses, reunidos hoy por Clingendael, el principal instituto holandés de Relaciones Internacionales, en una conferencia internacional sobre esta piratería, hay que combatirla en tierra, y no tanto en el mar. De ahí que algunas voces sugirieran incluso actuar desde dentro. "El actual Gobierno de transición, ni es de transición, ni es federal, ni es Gobierno. Pero colaborar con las autoridades locales somalíes más estables, incluso si carecen de completa legitimidad internacional, restaría incentivos al negocio de la piratería".

La cita holandesa ha subrayado asimismo la falta de coordinación de los países que patrullan el Golfo de Adén, desde la Unión Europea a Estados Unidos, y de la OTAN a Rusia y Japón, para proteger a los barcos de los abordajes. En estos momentos, el interés estratégico nacional prima a la hora de detener al pirata. Un malentendido jurídico que el futuro tribunal que se aspira a crear deberá aclarar.

"Un pirata es un ladrón en alta mar, y las leyes nacionales siempre han podido procesarlos. Sólo que antes era un problema esporádico, y ahora es endémico y afecta a muchos. Tampoco estamos ante delitos de terrorismo, o de genocidio, necesitados de convenciones internacionales. Con los piratas se precisa cooperación entre países y pruebas de lo ocurrido recabadas en el mar", señala Douglas Guilfoyle, jurista del University College, de Londres. "Las pruebas", añade, "pueden obtenerse a bordo con oficiales facultados para ejercer dicha labor". En cuanto al tribunal contra la piratería, cree que no debe parecerse al de la antigua Yugoslavia. "Debería reforzar los sistemas legales de la región. Por eso Kenya, que posee una estructura judicial bastante sólida, parece uno de los lugares adecuados para abrirlo".