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El pulso de Uribe con la justicia estanca el referéndum por su reelección

Las Cámaras colombianas no logran conciliar los textos legales aprobados

Los enfrentamientos entre el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y los altos tribunales del país han llegado a un nivel muy preocupante. Las recriminaciones entre ambas partes empezaron hace años y aunque se ha intentado aplacarlas, la polémica parece haber llegado al punto de no retorno y las voces de alarma aumentan. En medio del rifirrafe, las Cortes, que creen que hay un plan para entorpecer sus labores, solicitaron en mayo pasado la presencia de un relator de la ONU para la independencia judicial.

Uno de los detonantes fue la negativa de la Corte Suprema de Justicia y la Constitucional a aceptar que 19.000 paramilitares desmovilizados recibieran beneficios como delincuentes políticos. El presidente Uribe las acusó de haber dejado el proceso de paz "herido de muerte". Desde entonces, cada decisión de los altos tribunales es leída como un palo en la rueda de los intereses oficiales.

Así entienden algunos el proceso que ha implicado a más de 80 congresistas -la mayoría afectos al presidente, entre ellos su primo, Mario Uribe- por sus vínculos con paramilitares. Alegan, además, que durante el maridaje entre paras y políticos los magistrados han sido implacables, son laxos con los legisladores vinculados con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En este toma y daca ha habido montajes para enlodar a los magistrados. El espionaje telefónico desde la agencia de inteligencia del Estado (DAS) a magistrados, periodistas y políticos opositores es parte de este entramado.

La semana pasada, los portavoces de los altos tribunales salieron en bloque a exigir explicaciones por un documento oficial que habla de la posible relación de tres magistrados con actividades ilícitas. El Congreso, de mayoría oficialista, investigará a los acusados en ese informe, así como a aquellos que fueron demandados por Luis Carlos Restrepo, ex consejero de Paz y actual presidente del Partido de la U, de la coalición gubernamental.

Estos últimos episodios se perciben como la respuesta a recientes decisiones de los altos tribunales. En la condena, a comienzos de junio, a dos ex senadores, el Supremo dejó claro que hubo trueque de favores en la tramitación parlamentaria de la primera reelección de Uribe en 2006. Esto se suma a la investigación preliminar a 86 diputados que en diciembre pasado votaron a favor del referéndum por la reelección cuando aún no está claro cómo se financió la campaña.

El referéndum, en la cuerda floja

Con esta decisión, señalan algunos analistas, la Corte Suprema ha amedrentado al Congreso y mantiene en la cuerda floja el referéndum que podría abrir la puerta a un tercer periodo de Uribe. Ayer terminaron las sesiones ordinarias y no se logró salvar el último trámite, la conciliación entre el Senado y el Congreso, porque las Cámaras aprobaron textos distintos sobre el referéndum.

Para el ex ministro Jaime Castro, que participó en la elaboración de la Constitución, la confrontación es el precio que está pagando Colombia por haber elegido dos veces a Uribe. "Sin reelección no estaríamos viviendo este periodo de crispación, de tensión, de enfrentamiento de poderes", afirmó a este periódico.

En un país polarizado y a solo 11 meses de las elecciones presidenciales, ambos bandos tienen aliados que analizan la confrontación únicamente desde la óptica uribista o antiuribista. Así, dejan de lado asuntos como ¿quién ordenó las escuchas telefónicas?, ¿qué sabía Uribe de este plan?, ¿es cierta o no la supuesta cercanía de tres magistrados al narcotráfico? y ¿recibieron favores de personajes oscuros?

Eduardo Cifuentes, ex defensor del Pueblo y decano de Derecho de la prestigiosa Universidad de los Andes, dice que el presidente afrontó mal la pelea. "Este es un país de tradición jurídica fuerte, quien definirá este conflicto será la justicia". En la amenaza del Congreso de investigar a los magistrados, Cifuentes vislumbra la pretención de neutralizar a los tribunales. "Quieren notificarles: 'ustedes son competentes para juzgarnos, nosotros también podemos juzgarlos a ustedes", afirma.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante un acto oficial el martes en Bogotá.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante un acto oficial el martes en Bogotá.EFE

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