"Somos conscientes de que los cambios van lentos"

¿Podrá? ¿Podrá el presidente Fernando Lugo y su equipo cambiar las cosas en Paraguay, el país más corrupto de América Latina, en el que la clase dirigente no se ha conformado nunca con robarle al Estado un 40% de sus bienes, como en otros países del área, sino que ha rapiñado casi con el 100%? Los paraguayos decidieron en agosto de 2008 echar del gobierno al Partido Colorado, que llevaba más de 60 años en el poder, y colocaron al frente a un hombre de Iglesia, el hasta entonces obispo Fernando Lugo, de probada honestidad. Han pasado siete meses y empiezan a preguntarse si el presidente podrá hacer frente al bloqueo del Parlamento y si conseguirá sacar su reforma adelante. Lugo reconoce, en conversación con EL PAÍS, en el palacio presidencial de Asunción, que la mayoría de la sociedad está angustiada ante la falta de respuestas rápidas, pero asegura que se han logrado ya algunos avances y renueva su convicción en que logrará responder al ansia de cambio de la sociedad paraguaya.

Pregunta: ¿Tienen razón quienes le critican por excesiva lentitud?

Respuesta: Yo procuro ver desapasionadamente las cosas y creo que hubo avances y, también, cierta falta de velocidad en la expectativa de cambio en la ciudadanía. Para mí, un avance importante fue el cambio en la consideración internacional del país, la voluntad de acompañar el proceso paraguayo, diferenciado de los otros de la región. En el ámbito interno, se esta haciendo una revisión del estado en que estaban las instituciones cuando desembarcamos. El proceso de ir por dentro, limpiar, pulir, dar honor a las instituciones, es muy lento. Aquí los ministerios eran el botín de guerra del partido gobernante. Funcionalizar esos ministerios lleva mucho tiempo, y es verdad que hemos ido a una velocidad más lenta de la que esperaba la ciudadanía. Pero es justo recordar que llegamos al gobierno dentro de una Alianza muy amplia ideológicamente, y sin tener mayoría en el Congreso.

P: Esa es una de las grandes dudas, ¿quiénes son sus aliados para llevar adelante una reforma tan profunda?

R: Necesitamos un Parlamento que no sea obstruccionista. Creo que es importante que analicemos las últimas encuestas, según las cuales el gobierno, con todas las limitaciones, sigue teniendo un índice de popularidad del 72%, frente a un 39% del Parlamento y un 32% del Poder Judicial. Eso debería ayudar a llevar adelante el proceso paraguayo.

P: ¿Quiere decir que puede llevar adelante la reforma apoyándose en ese sostén popular? Algunos grupos afines a su gobierno le reprochan que no impulse usted una mayor movilización popular o un partido político propio.

R: Somos conscientes de que esa aceptación popular debe ser articulada. Nuestros programas y proyectos nacieron de la ciudadanía y yo creo que cuando haya cuestiones evidentes de obstrucción, esa propia ciudadanía sabrá leer los acontecimientos y dar un paso como co-responsables de un proceso que hemos iniciado con ellos.

P: ¿No teme que ese apoyo se vaya diluyendo si la población no aprecia rápidamente una mejora en sus condiciones de vida?

R: Este es un Gobierno que ha salvaguardado el rostro de Paraguay, del país más corrupto de América Latina, el segundo o tercero en el mundo. Ningún ciudadano duda de la gestión transparente y honesta que hacemos y ese es un gran capital. No obstante, somos conscientes de ese peligro. Si esto no se traduce en una gestión eficaz, que de respuestas eficaces a las grandes demandas sociales, históricamente postergadas, puede llegar un momento en que se digan "bueno, hasta aquí hemos llegado, no vemos los signos del cambio".

P: La reforma agraria fue uno de los principales puntos de su proyecto político, pero esta misma semana ha habido manifestaciones de campesinos que protestan por la falta de avances.

R: Para pensar en una reforma agraria eficaz hay que tener en cuenta la estructura de la tenencia de la tierra y también el desarrollo de la producción agraria. Paraguay es uno de los pocos países del mundo donde no existe ni tan siquiera un catastro. El Banco Mundial dio hace años un préstamo de 40 millones de dólares para hacerlo, pero no se ha realizado ni en un 15%. Esa es la realidad. Hay una enorme irregularidad en la tenencia de la tierra pero necesitamos un punto de partida y por eso estamos negociando con organismos internacionales que pueden ayudarnos a hacer ese catastro, un catastro dinámico que nos permita ir avanzando. Además de eso, hemos recuperado ya tierras malhabidas, unas 100.000 hectáreas, y hemos provisto una asistencia institucional en asentamientos rurales que estaban totalmente abandonados, sin presencia alguna del Estado.

P: ¿Es suficiente?

R: Son tres pasos que ya hemos dado, cosas que no podían esperar ni un día más, pero también hemos sido honestos con la ciudadanía al explicarle que la reforma agraria es parte de un proceso largo.

P: Las asociaciones campesinas exigen una reforma más rápida, al menos en cuanto a expropiación de latifundios.

R: Tenemos que aceptar que el fin del latifundio, que los movimientos campesinos toman como bandera, tiene una limitación constitucional. Soy consciente de que si no se cambia la Constitución Nacional, si no se realiza alguna reforma, será imposible hacer una reforma agraria integral.

P: ¿Una reforma constitucional previa?

R: Sin duda. Si se quiere hacer una reforma agraria contundente con transformaciones sociales y tocando la estructura de tenencia de la tierra y el fin del latifundio improductivo, esto debe pasar por una reforma constitucional. Hoy lo que existe son grandes extensiones de tierras en manos de unos pocos, que no son tanto productores latifundistas sino especuladores de la tierra. Mientras no se tenga una política fiscal que grave a las tierras improductivas, mientras no haga ese cambio en la Constitución, va a ser muy difícil realizar esas reformas rápidas que exige gran parte de la ciudadanía.

P: Para cambiar la Constitución, usted necesitaría apoyos parlamentarios grandes, ¿Dónde los encontrará? ¿En el Partido Liberal, en el Colorado?

R: Hoy muchos están convencidos de la necesidad de esa reforma constitucional. La misma Corte Suprema de Justicia, que no goza de mucho prestigio, propone la reforma de la Constitución. Yo creo que esto debe pasar por un gran debate nacional.

P: Ya se que usted no quiere hablar de fechas, pero ¿hay algún proyecto concreto en marcha?

R: Ya hay varios proyectos, hechos por el Colegio de Abogados, por profesores de la Universidad Católica y por algunos constitucionalistas individuales. Un proyecto de Constitución que tiene que ser debatido ampliamente por la ciudadanía antes de llegar a la Asamblea Nacional Constituyente.

P: Si el Parlamento se niega, ¿prevé usted convocar un referéndum para que la población apoye la reforma constitucional?

R: No hay nada que adelantar. Yo creo que hay un sentir generalizado en la ciudadanía y que hay un apoyo implícito a esta reforma constitucional.

P: La Corte Suprema es corrupta. ¿Por qué no la ha cambiado usted?

R: Porque dependen exclusivamente del Parlamento. Hay dos maneras de cambiar a los miembros de la Corte: por renuncia voluntaria o por un juicio político. La renuncia es impensable, porque sus actuales miembros se sienten muy bien donde están, y para el juicio político tendríamos que tener mayoría en el Parlamento y no salen los números. Hay argumentos de sobra para ese juicio político, pero los partidos tradicionales no quieren arriesgarse a perder sus privilegios exponiéndose a jueces más independientes y autónomos.

P: ¿Qué solución hay?

R: Todo gira en torno del cambio constitucional que pueda garantizar, a su vez, el cambio en la Corte Suprema de Justicia.

P: Es imposible hablar de Paraguay sin plantear el tema de Itaipú, la presa hidroeléctrica  que comparten con Brasil. Ustedes exigen disponer libremente de su 50% de energía y no estar obligados a vender a Brasil toda la que no utilizan. Brasil no aceptan la reforma del tratado, pero ofrece un programa que en el fondo significaría aumentar el precio. ¿Para Paraguay es un tema de soberanía, todo o nada, o es posible una negociación sobre precios? 

R: Queremos recuperar la soberanía energética, pero entendemos que esto se pueda lograr gradualmente. Si hoy Brasil nos dijera: "Tienen libre disponibilidad de la energía al 50%", resultaría que nosotros no podríamos hacer uso de ella porque no tenemos la infraestructura necesaria, ni para usarla ni para llevarla a otro lado. Por eso, nuestra propuesta es también progresiva. Queremos que antes de 2023, cuando vence el tratado, en 2013, nosotros ya podamos decir que somos miembros plenos de Itaipú  y que tenemos derecho a vender a terceros o al mercado brasileño fijando el precio.

P: Tengo entendido que acaba de aplazar un viaje a Brasil precisamente por falta de acuerdos.

R: Sí, el viaje se ha aplazado justamente porque no había acuerdos para firmar con el presidente Lula. Pero ahora estaremos juntos en Qatar y posiblemente en Trinidad y Tobago, y creo que esos encuentros pueden ser los previos a la visita oficial a Brasil.