El desafío de Chávez a los Estados rebeldes desata un nuevo pulso

Los gobernadores, alcaldes y parlamentarios de la oposición plantaron cara ayer al presidente venezolano, Hugo Chávez, después de que éste ordenara la toma militar de los puertos, aeropuertos y carreteras del país que se encuentran bajo la administración de los poderes regionales y municipales.

"Estamos aquí porque el pueblo nos eligió. Los votos que son buenos para elegir a un presidente son los mismos votos que también son buenos para elegir a un gobernador o a un alcalde", dijo el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, acompañado de los mandatarios regionales de Zulia, Carabobo, Táchira y Nueva Esparta, y del alcalde mayor de Caracas, así como de otros alcaldes y parlamentarios electos por los partidos de oposición. "Ni las amenazas, ni la falta de respeto, ni los insultos harán que nosotros paremos nuestro trabajo en beneficio de cada una de las regiones que nos eligieron. La coordinación que establecen la Constitución y las leyes no significa subordinación al órgano nacional. Únicamente estamos subordinados al pueblo que representamos", agregó Capriles.

El presidente Chávez ordenó el domingo a la Fuerza Armada, a través de la televisión nacional, que tomara el control de los puertos y aeropuertos del país y que, de ser necesario, detuviera a los gobernadores o alcaldes que se opusieran a la medida. "Vamos a recuperar los puertos y aeropuertos de toda la República, opóngase quien se oponga. Es ley de la República", dijo Chávez.

Pero no fue hasta ayer que la representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional terminó de dar cuerpo legal a los deseos del presidente, al aprobar una reforma a la Ley de Descentralización para otorgarle al Ejecutivo la potestad de revertir la transferencia de competencias conferidas a los Estados en materia de administración y aprovechamiento de carreteras, autopistas nacionales, puertos y aeropuertos. Así, los puertos de Puerto Cabello, en el Estado de Carabobo, y de Guamache, en el Estado de Nueva Esparta, habían sido tomados ayer por las fuerzas militares.

La Constitución de Venezuela, en su artículo 164, establece que la administración de estas instalaciones es competencia exclusiva de las regiones, y de allí proviene buena parte de los ingresos propios para financiar proyectos locales.

Con base en este artículo, el argumento de gobernadores y alcaldes de oposición contra la orden presidencial es que ninguna ley puede contradecir lo que establece la Carta Magna, y en función de eso anunciaron que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la impugnación de la reforma a la Ley de Descentralización recién aprobada por el Parlamento y que a partir de hoy iniciarán una jornada de protestas callejeras. Chávez, sin embargo, no se sintió retado y ayer mismo les envió una respuesta: "Me parece bien que algunos gobernadores escuálidos hayan dicho que van al Tribunal Supremo. ¿Que van a la OEA Organización de Estados Americanos]? Vayan. ¿A la cumbre de la luna? Vayan. Ustedes pueden decir lo que digan, pero vamos a empezar por Carabobo, por Puerto Cabello, y luego por Maracaibo".