Mil días de pesadilla informativa

Los primeros mil días de gestión del presidente de Bolivia, Evo Morales, se han convertido en una pesadilla para los informadores y los medios de comunicación, que han sufrido atropellos, agresiones, la destrucción de instalaciones y herramientas de trabajo por culpa de la intolerancia y la ausencia de garantías para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.

El balance de la tortuosa relación entre el Gobierno y los medios es de un comunicador muerto y más de 250 agredidos - 200 de ellos, en 2008 -, además de numerosos ataques a oficinas de medios audiovisuales tanto del sector privado como gubernamentales. Es el peor resultado en 26 años de democracia.

También han sido días frustrantes para el presidente Evo Morales, que, desencantado por el manejo de la información, ayer inauguró un periódico oficial con el que completará su aparato de difusión, integrado por un canal de televisión y la radio estatal, ambas con repetidoras en todo el país, y 40 emisoras de radio comunitarias.

El presidente boliviano se siente ninguneado por los medios de comunicación, a los que ha declarado sus enemigos. Se siente también ofendido y provocado por la información distorsionada que, se lamenta, publican todos los días.

En la mayor parte de sus discursos ante sus seguidores, Morales ha lanzado duras críticas contra los informadores "mentirosos", "tergiversadores", "vendidos", "corruptos" y "enemigos". Morales suele asimismo individualizar con nombre y apellidos al comunicador y al medio que ha publicado una información que no es del gusto gubernamental o que considera falseada.

En agosto del año pasado, durante una reunión con sus partidarios de la Coordinadora Nacional para el Cambio en Cochabamba, Morales hizo notar la presencia en el acto de comunicadores "porque ya no hay un prefecto que les pague plata", antes de condenar la filtración de una presunta infidencia de algunos informadores locales que sacaron a relucir una supuesta confesión íntima hecha en el pasado por Morales.

"Eso se habían guardado los amigos de la prensa para sacarme la mugre: Evo hace llorar a las mujeres. Imagínense qué de sucios. Quiero decirles qué de sucios son los periodistas o los políticos [que] usan a los periodistas", señaló el presidente Morales ante sus partidarios, que de forma inmediata procedieron a hostigar a los comunicadores que cubrían el acto.

Las agresiones arreciaron especialmente entre agosto y septiembre, a la par que los conflictos sociales en todo el país. En estos conflictos grupos de exaltados asaltaron, golpearon con palos, patadas, puños y látigos a los trabajadores de la prensa, que perdieron sus herramientas de trabajo ante la pasividad de la policía. Ésta ya había experimentado el enojo de las turbas en La Paz y, aparentemente, tenía órdenes de no intervenir, como reflejó la prensa local.

Además de los dos centenares y medio de agredidos - y, en el caso de las mujeres, amenazadas de muerte y de violación por agitadores allegados al partido oficialista -, las instalaciones y los equipos móviles de empresas de televisión, como ATB - del grupo español Prisa -, Unitel, PAT y Gigavisión, fueron en unos casos asaltados y en otros apedreados por los movimientos sociales. También los medios estatales fueron atacados y, en algunos casos, sufrieron graves daños materiales, lo mismo que otros medios que igualmente se identifican con el Gobierno sufrieron los efectos de la furia de radicales pertenecientes a las corrientes autonomistas.

El comunicador Carlos Quispe murió a fines de marzo de 2008 a causa de las graves heridas causadas por una paliza que varias personas, presuntamente del Comité de Vigilancia del lugar, le propinaron cuando se encontraba en la cabina de locución de la Radio Municipal Pucarani.

El padre de la víctima informó de que uno de los agresores dijo "ésta es la boca que habla", tras lo cual llovieron los latigazos y golpes en la cara hasta dejarlo muy malherido. Dos días después falleció en un hospital de La Paz.

Otra comunicadora fue herida de bala en un pie durante la ocupación militar del aeropuerto de Cobija. En esa capital se aplicó la censura de prensa y la discriminación, pues se permitió sólo la presencia de medios afines al Gobierno. Los demás fueron trasladados fuera del departamento de Pando.

La Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a los propietarios de medios del país, exigió públicamente en varias oportunidades "las mayores garantías y protección a todos los medios y a los periodistas para evitar que se registren los frecuentes ataques" como los que se produjeron en al menos seis ciudades del país. Asimismo, protestó "enérgicamente contra toda acción destinada a acallar a la prensa" desplegada por "grupos radicales oficialistas y opositores que vulneran la libertad de prensa y de expresión, y con ello la Constitución y los derechos humanos".

La Asociación de Periodistas de La Paz y los sindicatos de trabajadores de prensa del país también protestaron por los ataques a sus afiliados y anunciaron que, junto con los medios, se procedería a abrir causas judiciales contra los agresores. Las denuncias no han llegado a 30 y la fiscalía ha asumido las investigaciones. Hasta ahora, solamente dos agresores - un miembro de la policía que, vestido de paisano, golpeó a un camarógrafo, y un agitador del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales - han sido encausados.

Las organizaciones de profesionales y medios han mantenido una firme lucha para impedir que el nuevo texto constitucional incluya un artículo que establezca que tanto las informaciones como las opiniones emitidas por los medios "deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad". Según el constitucionalista Carlos Alarcón, este artículo convertiría "un deber ético o moral de veracidad y responsabilidad en un deber jurídico constitucional". La comisión parlamentaria anunció que iba a revisar el texto para evitar conflictos posteriores en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información.

La prensa está siempre expuesta a intimidaciones y presión, pero nunca había sufrido tantas afrentas públicas contra su dignidad profesional y aún menos provenientes tanto de las más altas instancias del país como de los sectores empobrecidos de Bolivia, tradicionalmente los más defendidos por los medios impresos y audiovisuales de la nación.