Chile investiga varios casos de fraude en desaparecidos de la dictadura

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ayer por 10 votos contra ocho designar —después de una petición del Gobierno— un magistrado de este tribunal para que investigue con dedicación exclusiva los casos detectados los últimos días de cuatro falsos detenidos desaparecidos. La preocupación llegó también a La Moneda, donde la presidenta, Michelle Bachelet, víctima ella misma de violaciones a los derechos humanos en la dictadura, afirmó ayer que no permitirá que estos casos empañen la tragedia de los más de 1.183 detenidos desaparecidos.

Apelando por primera vez en su mandato a su doble condición de víctima de la dictadura del general Augusto Pinochet —su padre murió después de las torturas y ella y su madre fueron prisioneras en un campo clandestino de detención— y de presidenta de la república, Bachelet resaltó que no aceptará el "aprovechamiento" de la situación, ni que "se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia".

Categórica, señaló Bachelet: "La violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país, y no vamos a permitir que se ponga en duda esa verdad histórica". Pidió a los partidos deponer cualquier intento de manipulación o de sacar pequeñas ventajas, y a las autoridades, "despejar toda duda posible".

25 causas

La designación como juez especial que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago recayó en Carlos Gajardo, quien tiene en sus manos 25 causas de derechos humanos, entre ellos una por la identificación errónea de detenidos desaparecidos primero sepultados, después exhumados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y entregados a sus familiares. El tribunal eligió a este magistrado por ser uno de los especialistas en el tema.

Aunque circulaban versiones de que el número de falsos detenidos desaparecidos podría ser mayor —la oposición indicó que eran ocho—, La Moneda restringió la situación a sólo cuatro después de una revisión de antecedentes motivada por el caso de Germán Cofré, el primero detectado cuando regresó al país desde Argentina, donde residía.

Cofré salió del país poco después del golpe de Estado de 1973, después de ser detenido por los militares, y vivía en el país vecino, donde incluso había pedido una cédula de identidad a las autoridades consulares chilenas, sin ser detectado en el momento de hacer el trámite. Ahora está en Chile enfrentando la justicia.

Los otros tres casos, conocidos este fin de semana, corresponden a un indigente que murió en 2006, a una mujer que falleció hace 53 años, en 1955, y a un tercero que pidió cédula de identidad en Argentina a las autoridades de ese país y que no ha sido ubicado todavía. Los cuatro casos reflejan chapucería administrativa, pero también en algunos de ellos parece haber aprovechamiento por parte de los familiares, que al ser declarados víctimas reciben del Estado salud y educación gratuitas y pensión de gracia, entre otros beneficios.

Fraude al fisco

Los parientes corren el riesgo de ser acusados de fraude al fisco, lo que puede llegar a penas de cárcel si la justicia comprueba que sabían que la víctima estaba con vida. Más compleja es aún judicialmente la situación de los dos falsos detenidos desaparecidos que están vivos.

A pesar de ser pocos estadísticamente —de no haber más casos de falsos detenidos desaparecidos, el margen de error respecto del total es menor a 0,33%—, la situación ha permitido a algunos en la derecha, en especial a los nostálgicos del pinochetismo y a los militares en retiro que enfrentan la justicia por los crímenes de la dictadura, poner en duda la magnitud de las violaciones a los derechos humanos.

También criticó la oposición la idea de algunos sectores del oficialismo de reabrir las comisiones investigadoras que calificaron los casos de las víctimas. Su preocupación de que el tema de los derechos humanos se reinstale en la agenda en 2009, un año de elección presidencial, recibió una ácida réplica del portavoz del Gobierno, Francisco Vidal, quien sostuvo que "si para ellos aprovechamiento político es buscar la verdad y hacer justicia, bueno, eso habla de cómo es la derecha".

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, "todo se ha hecho mal". Pidió al Gobierno la creación de una subsecretaría de derechos humanos y criticó al Estado por no asumir su responsabilidad y carecer de políticas en el tema. "¿Cómo nadie corroboró en el Registro Civil la defunción de esas personas?", preguntó, "¿de qué manera se hizo y cómo se va a seguir haciendo?".