La asignatura pendiente de Brasil
Lula no ha cumplido su promesa de un reparto justo de tierras cultivables
Es muy probable que el Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que subió al poder con el apoyo masivo del Movimiento de los Sin Tierra (MST), el colectivo campesino de izquierdas más importante de América Latina, acabe en 2010 sin haber conseguido llevar a cabo una gran reforma agraria, un reto social aún pendiente en un país que está a punto de convertirse en una potencia mundial.
Afrontar dicha reforma significaría acabar con una de las mayores injusticias que aquejan a este gigante económico: la acumulación de la tierra en manos de unos pocos. Hasta la última década, la mitad de la tierra cultivable estaba en manos de un 1% de los colonos, mientras que menos de un 3% pertenecía a 3,1 millones de productores rurales. La situación actual apenas ha cambiado, y Brasil, en sus 500 años de historia, nunca ha dividido la tierra, que continúa en las manos de unos pocos privilegiados.
Es el único país, con un inmenso territorio bajo su control, que mantiene una distribución de la tierra semejante a la de su fundación, la realizada durante la colonización portuguesa, que concedió a un pequeño grupo las famosas Capitanías Hereditarias, inmensos latifundios cuyos propietarios podían a su vez distribuir a su antojo. La tierra no se podía ni vender ni comprar.
En este momento existen en Brasil 27.556 latifundios con más de 2.000 hectáreas cada uno, lo que supone el 43% de la tierra, la mayoría de ellos improductivos. Brasil es el país con más tierras cultivables: 600 millones de hectáreas, de los cuales 710.000 kilómetros cuadrados están en situación irregular, en manos de especuladores y latifundistas. Según João Pedro Stedile, un destacado líder del Movimiento de los Sin Tierra (MST), el latifundio es "el gran pecado brasileño". Hoy, cerca de la mitad de las tierras que serían cultivables están destinadas a pastos para ganado vacuno, lo que hace de Brasil el mayor exportador de carne bovina del mundo.
La reforma agraria ha sido desde 2003, año en el que Lula llegó a la presidencia, el gran reto de su Gobierno. El ex tornero que alcanzó el poder gracias a un pacto con el mundo de la empresa y de las finanzas -se comprometió a mantener la política macroeconómica de su antecesor, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso- sabía muy bien que para ello debería enfrentarse a buena parte de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), que proponía una economía más de izquierdas, y a ciertos movimientos sociales, comenzando por el poderoso MST. De ahí que ya en su primer discurso, en 2003, dirigiéndose a los Sin Tierra, especializados en la invasión de terrenos sin cultivar para distribuirlos a los campesinos pobres, les dijo: "Conmigo no necesitaréis invadir las tierras porque yo os las voy a dar".
Fue verdad sólo en parte. La generosidad de Lula, que ha dado terrenos a cerca de 400.000 familias pobres, no ha convencido al MST, que exigía tierras para un millón.
No le bastaron tampoco al MST, que cuenta con la simpatía de los obispos y párrocos rurales, los gestos simbólicos de Lula de aparecer en la foto con el gorro de los integrantes de este movimiento. Acabaron sintiéndose defraudados ante las dificultades del presidente para impulsar la reforma agraria. De esa forma, los Sin Tierra continuaron invadiendo tierras no cultivables e incluso cultivables en mayor número que con el Gobierno anterior del ex presidente Cardoso.
Más aún, por primera vez, los Sin Tierra dieron un paso adelante y comenzaron a invadir edificios públicos, incluso el Parlamento, lo que obligó a Lula a recordarles que no estaban al margen de la ley y que podrían acabar siendo castigados duramente.
Desde 1998 los Sin Tierra han llevado a cabo 7.550 invasiones. Llegaron a realizar también robos en las fincas ocupadas, mataron ganado, secuestraron personas y hasta destruyeron valiosos laboratorios de análisis químicos destinados a la investigación agraria, lo que les hizo perder credibilidad y simpatía en la opinión pública, que inicialmente había apoyado su causa.
El dilema de Lula es cómo conciliar su apoyo al llamado agronegocio, el gran mercado de productos agrícolas, como soja, caña de azúcar, carne o etanol, que hace de Brasil uno de los mayores exportadores de dichos productos, o respaldo a la modernización del campo, con las pretensiones del MST de distribuir pedazos de tierra a familias pobres, a veces llegadas de las periferias de las grande urbes y sin preparación ni vocación agrícola.
Según especialistas en economía rural consultados por EL PAÍS, el dilema es falso, y no debería haber conflicto entre propugnar una economía del campo modernizada y emprender una reforma agraria que acabe con la injusticia de mantener la mitad de la tierra en manos de una minoría de colonos, impidiendo una economía familiar de pequeños propietarios capaces de sustentarse.
El problema que impide a Lula optar por una reforma agraria a fondo, acabando con la injusta distribución de la tierra, no es fácil y viene de lejos; en 1888, acabado el tráfico de esclavos, el imperio brasileño, bajo la presión de los colonos, decidió modificar el régimen de propiedad. Como ha afirmado gráficamente José de Souza Martins, catedrático de la Universidad de São Paulo: "Cuando el trabajo era esclavo la tierra era libre, y cuando el trabajo se hizo libre la tierra se hizo esclava". Y lo sigue siendo. El lobby más poderoso en el Parlamento brasileño, un número de diputados capaces de paralizar cualquier votación, lo constituyen los llamados ruralistas, defensores del actual sistema de latifundio.
Por otro lado, existe la gran duda de si la reforma agraria propuesta por el MST, así como sus métodos para conseguir más tierra para los campesinos pobres, es adecuada a los tiempos de hoy. Se acusa a este movimiento de conseguir pedazos de terreno para familias pobres que, incapaces de sustentarse, sin conocimiento del campo y sin los instrumentos necesarios para hacerla fructificar, acaban vendiéndola a otros. Se calcula que apenas un quinta parte de los que reciben tierra consigue generar una renta para vivir.
Los Sin Tierra responden a estas críticas acusando al Gobierno de no cumplir las promesas a los campesinos de facilitarles los prometidos instrumentos de labranza y créditos para las explotaciones. Mientras tanto, los conflictos en el campo no disminuyen, y cada día las crónicas hablan de muertes causadas en enfrentamientos con los colonos, que, armados hasta los dientes, responden con ametralladoras a las piedras y hoces de los Sin Tierra.
Clave para la madurez democrática
Una vez vi escrita a la entrada de un monasterio de cartujos esta frase: "Nunca reformada, porque nunca deformada", refiriéndose a la orden religiosa. En Brasil han existido, en torno a la reforma agraria nunca realizada, desde los tiempos de la República hasta hoy pasando por la dictadura militar, infinitas iniciativas en busca de una política rural más justa, siempre con éxitos escasos porque ninguna de ellas es capaz de llegar al corazón de la cuestión, que es la injusta distribución de la tierra, la peor, junto con Argentina, de toda América Latina.
Por el Parlamento, desde la década de los cuarenta, han pasado infinitos proyectos de reforma agraria, todos ellos abortados por el lobby de los colonos. Se crearon instituciones, ministerios y más ministerios para regular el campo, sin que ninguno de ellos haya sido capaz de poner paz en él. En opinión de algunos analistas políticos progresistas, la cuestión agraria en Brasil "es para la República lo que la esclavitud fue para la Monarquía".
Brasil se liberó, de alguna forma, cuando abolió la esclavitud, en 1888. De igual modo, dicen esos políticos, cuando el país no necesite ya discutir sobre la propiedad de la tierra habrá alcanzado su madurez democrática.
