La justicia filipina bloquea un acuerdo entre el Gobierno y los rebeldes separatistas

El Tribunal Supremo de Filipinas ha bloqueado hoy la firma de un acuerdo entre el Gobierno y los rebeldes del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), por el que los musulmanes podrían ampliar sus territorios autónomos en el sur del país. Un día antes de su rúbrica, los jueces han decidido emitir una "orden de restricción temporal" en respuesta a la petición del gobernador de la provincia de Cotabato del Norte, Emmanuel Piñol.

Piñol y otras personalidades católicas habían denunciado que varias poblaciones de mayoría cristiana se habían incluido en el borrador final como pertenecientes a los dominios ancestrales del bangsamoro o pueblo musulmán. El Supremo analizará de nuevo el asunto el próximo 15 de agosto, para dar tiempo a que todas las partes presenten sus alegaciones. Algunos juristas recuerdan desde hace semanas que el pacto es anticonstitucional, porque propone un plebiscito y cambio a un régimen de gobierno federal que obligará a enmendar la Carta Magna.

Protestas de rechazo

Las autoridades filipinas esperan acabar con cuatro décadas de conflicto en Mindanao con la firma del acuerdo con el FMLI, que estaba prevista inicialmente para mañana en Malasia, donde se han desarrollado las negociaciones de paz. Esta mañana, más de 4.000 cristianos se han manifestado en la ciudad de Zamboanga para rechazar el pacto, por el que podrían verse obligados a pertenecer a la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM). En el caso de prosperar el acuerdo, 712 poblaciones decidirán en referéndum antes de un año si desean unirse a la ARMM, constituida en 1990 e integrada ahora por las provincias de Lanao del Sur y Maguindanao, las islas de Joló y Tawi-Tawi y la ciudad de Marawi.

Fundado en 1984, el FMLI es la mayor organización separatista del archipiélago con más de 12.000 militantes, muchos de los cuales siguen combatiendo al Ejército pese al alto el fuego en teoría vigente desde 2003. Casi cuatro décadas de guerra contra las tropas gubernamentales han dejado 120.000 muertos y cerca de 2 millones de desplazados en el sur de Mindanao, una de las áreas más pobres de Filipinas.