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Indemnización millonaria de EE UU a un científico acusado falsamente de los ataques con ántrax de 2001

Washington acuerda pagar 5,82 millones de dólares para evitar ir a juicio

El departamento de Justicia de Estados Unidos ha acordado con los abogados del médico especialista en bioterrorismo Robert Hatfill una indemnización de 2,85 millones de dólares (1,8 millones de euros) en metálico y una cantidad de 150.000 dólares (95.235 euros) anuales durante 20 años para evitar ir a juicio. Hatfill había presentado una demanda en 2003 alegando que la filtración de su nombre a la prensa por el FBI y el hecho de que el entonces fiscal general, John Ashcroft le tildara de "persona interesante" en relación al caso no sólo habían destruido su reputación, sino que también habían violado la Ley de Privacidad.

En el acuerdo privado, el departamento de Justicia no reconoce haber violado la Ley de Privacidad. Un portavoz de Justicia afirma que la Administración ha firmado el documento "en interés de EE UU". La investigación continúa en marcha, aunque sin resultados casi siete años después de los ataques.

Durante la instrucción, los abogados de Hatfill han llegado a citar a varios periodistas que escribieron sobre el tema a fin de que revelaran sus fuentes en la Administración. La antigua redactora del diario USA Today Toni Locy ha sido condenada a pagar una multa de 5.000 dólares diarios hasta que revele las fuentes que le filtraron el nombre de Hatfill en un proceso paralelo. La periodista ha recurrido la sentencia. Redactores de otros medios como el New York Times y Vanity Fair también han sido demandados por Hatfill al negarse a colaborar en el proceso revelando quién les filtró su nombre.

Con EE UU todavía en estado de choque por los atentados terroristas del 11 de septiembre, una serie de cartas infectadas con el bacilo del ántrax maligno (la variante humana del carbunco) hicieron su aparición en el servicio postal en octubre de ese mismo año. Cinco personas murieron y otras 17 contrajeron la enfermedad. El pánico se desató por todo el país. Las cartas estaban dirigidas a políticos y presentadores de televisión. Entre los culpables que los investigadores federales barajaron en su momento, se encontraba Saddam Hussein, aunque nunca se encontró ninguna prueba.