Golpe policial en Brasil contra el fraude fiscal y la corrupción

La Policía Federal de Brasil ha descubierto un fraude colosal en el sector azucarero y del alcohol que alcanza un monto de al menos 796,3 millones de euros.

En la operación, llamada Caña Braca y realizada en 11 ciudades del país, fueron detenidas ayer 17 personas y anunciadas otras 48 órdenes de detención. La policía calcula que en total la banda ha defraudado al fisco por lo menos 2.000 millones de reales (796,3 millones de euros).

Los detenidos han sido acusados también de asociación para delinquir y falsedad documental. La policía ha realizado una compleja investigación, que ha llevado casi un año, para desenmascarar la venta de alcohol y azúcar con facturas falsas, fraude en el peso y otras argucias para evadir impuestos. Los responsables del fraude contaban con la connivencia de abogados, fiscales y hasta jueces, que les ayudaban y participaban del botín.

Por otra parte, la Policía Federal detuvo también ayer al alcalde de la ciudad minera de Juiz de Fora, Alberto Bejani, y fueron emitidas otras 15 órdenes de detención por un escándalo de corrupción. La investigación de este caso comenzó el pasado abril y lleva el nombre de Operación Pasárgada, en la que ya han sido detenidos 16 alcaldes, nueve abogados, cuatro procuradores, un juez y un gestor de banco, todos acusados de formar una organización para delinquir.

La Policía Federal ha llevado a cabo durante los seis años de mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva muchas más operaciones contra el fraude fiscal y la corrupción que en las décadas anteriores.

Concretamente, en 2007 fueron realizadas 180 operaciones, con 2.800 detenciones, mientras que en 2008, hasta abril ya habían sido llevadas a cabo 21 grandes operaciones. Todo ello ha llevado a Lula a afirmar en repetidas ocasiones que con él no hay más corrupción, sino que sale más a la luz. El problema, según señalan no pocas ONG, es que, a pesar de esas aparatosas operaciones de la policía con miles de detenidos, al final, todo acaba en agua de borrajas, pues es tal la impunidad y tan activa la acción de los abogados defensores y, en muchos casos, la connivencia de la justicia, que los defraudadores quedan rápidamente en libertad.

Un ejemplo es el gran escándalo de soborno a los diputados de 2005, que casi hace perder el mandato a Lula: ni uno de ellos ha ido a la cárcel, a pesar de que el Tribunal Supremo pidió el enjuiciamiento de 40 personas, consideradas por la corte como una "banda criminal".