La Directiva de la Vergüenza

¿Qué habría sido de los europeos si no hubieran podido huir en algún momento de sus países? América entera se ha hecho con emigrantes de todas las europas: irlandeses, italianos, españoles, polacos, rusos… Alguien definió la patria como el lugar de donde hay que partir en algún momento, a veces huyendo. Lo saben los judíos de Europa, los republicanos españoles, los alemanes cercados por el muro, los desplazados de las guerras balcánicas, los emigrantes y exilados de todas las épocas de nuestra historia. El continente europeo ha dejado de escupir a sus hijos hacia otras tierras y se ha convertido desde hace unas décadas, casi sin darse cuenta, con desgana hasta ahora, quién sabe si a partir de ahora con profundo disgusto, en territorio de llegada. Pero el trato que estamos dando los europeos a quienes llegan a vivir con nosotros no se corresponde ni con nuestro pasado ni con los beneficios que estamos sacando de su presencia y del mundo globalizado que a aquí les ha traído.

Tiene razón Enric Juliana, quien advertía el sábado en La Vanguardia contra los excesos del léxico: lo que está sucediendo en la Italia de Berlusconi no es fascismo. “Cuanto más decían que era de extrema derecha más usaban las viejas armas de los años 70 y 80 y más me reforzaban”, ha declarado el nuevo alcalde de Roma, Gianni Alemanno. La lección de Italia debiera servir para que la izquierda evitara cualquier autocomplacencia y cualquier complejo de superioridad. De otra parte injustificada, porque el respeto de las libertades y de las reglas del Estado de derecho, la misma aplicación de los convenios europeos sobre derechos humanos no es cuestión de improperios ni de descalificaciones: debe demostrarse en la práctica. Primero hay que mirar lo que pasa en la propia casa. Hay además un lugar donde demostrar las propias convicciones para oponerse a los excesos que pueda perpetrar el nuevo gobierno italiano, y es en las instituciones europeas, incluidos sus tribunales.

Europa es ahora un continente de emigración intensiva. Y esto no es un castigo, y mucho menos una factura por las deudas supuestas o ficticias de una colonización de la que poca responsabilidad se puede atribuir a los europeos actuales. Tampoco es una maldición: América ha sido siempre un continente de inmigración. Es en realidad una oportunidad y una consecuencia del mundo globalizado con fronteras e identidades nacionales cada vez más tenues. De ahí que sea una grave irresponsabilidad la de los gobernantes que estimulan los malos instintos y azuzan el odio y el rencor contra los recién llegados o lisa y llanamente frente al otro, al que es distinto (que es lo que sucede en Italia y en otros países de centroeuropea con las poblaciones de gitanos nómadas europeos).

Hay que decir también que no es fascismo, claro que no, porque afortunadamente y por mal que funcione la justicia, hay un Estado de derecho, controles parlamentarios, opinión pública, y en el caso italiano, incluso, unas instituciones religiosas, como la Comunidad de San Egidio, que también ejercen de saludable contrapoder frente a la demagogia de los mismos políticos a los que se ha propulsado al Gobierno. Pero actitudes y palabras como las de Umberto Bossi, que ha justificado la destrucción e incendio de campamentos gitanos por los manifestantes, no son fascistas sencillamente porque no estamos en la época de los fascismos y porque el entorno europeo no está dominado por dictaduras fascistas. Ataques como los que han sufrido estos campamentos, por parte de una masa amenazante que ha hecho huir despavoridos a centenares de familias gitanas y les ha desvalijado de sus miserables pertenencias, son meramente el preámbulo del fascismo. Y más cuando han sido estimuladas o quizás incluso organizadas por la camorra o las mafias locales, a veces con intereses especulativos inmobiliarios detrás.

Miguel Mora lo conto ayer en El País, en un estremecedor reportaje desde Nápoles. Y Andreu Missé proporcionó desde Bruselas, a partir de un informe del Parlamento Europeo, otra información que a todos nos concierne, pues no versa sobre los excesos de la derecha italiana, sino sobre los centros de internamiento europeos, incluidos los españoles instalados por nuestro Gobierno socialista, donde se hallan recluidos en condiciones carcelarias en muchos casos unos 20.000 inmigrantes sin documentación. Los centros de internamiento son 174, de los que 132 ofrecen condiciones de especial dureza, según el informe parlamentario. Algunos inmigrantes llevan detenidos más de tres años en Chipre y en Estonia, dos de los nueve países que no tienen límite alguno en cuanto a período de detención. Hay que subrayar que el límite tiene un valor relativo, pues algunos países utilizan el subterfugio de soltar a los detenidos para detenerlos de nuevo a la salida del centro hasta que cumplen de nuevo el límite marcado por la ley, y así hasta cansarse. En Italia se ha encontrado a personas detenidas seis o siete veces. Las condiciones de detención, sobre todo en cuanto a higiene y salubridad, son malas en muchos centros, los españoles entre otros.

El miércoles se discute de nuevo en Bruselas la Directiva del Retorno, que ya ha sido calificada como la Directiva de la Vergüenza. La propuesta ha sido presentada por algunos como moderada, frente a los excesos abiertamente reconocidos de los nueve países que cuentan con esta figura de la detención indefinida sin que exista delito ni juicio ni control judicial. La posición que España iba a apoyar preveía seis meses máximos de detención prorrogables a 18. Pero yo creo que es mejor que la UE no apruebe nada antes de convertir en una posición común el reconocimiento de una figura como la detención indefinida, es decir, un castigo sin delito, que se escapa de los derechos de la persona tales como los ha ido amoldando Occidente desde la Ilustración. Estos campos pertenecen al territorio de nadie, a los limbos jurídicos, zonas grises del no derecho, de los que Guantánamo es el grado más elevado. Europa no puede ni debe servir para hacer estas cosas, que significan lo contrario de sus valores, la anti-Europa. Al contrario, debe de ser el espacio de la garantía y de la protección de los derechos, no el de su anulación o disolución en la tierra de nadie de los campos fronterizos.