Costa Rica revienta 84 años de monopolio estatal en seguros

El Congreso de Costa Rica ha levantado las trabas que impedían a las empresas privadas participar en el mercado de los seguros desde 1924. Años de discusión teñidos de ideología e intereses particulares quedaron zanjados la noche del jueves con una votación legislativa más bien serena, en comparación con recordadas protestas callejeras de grupos opuestos al "desmantelamiento del Estado", como lo llaman. Ha caído el último monopolio estatal de seguros en occidente.

La exclusividad del Estado, que cumplía ya 84 años de vigencia en este país centroamericano de renta media, quedó liquidada en una primera votación legislativa. Aunque faltan trámites y revisiones en la Sala Constitucional, parece segura la creación de un mercado abierto en un país catalogado como "interesante" para el capital privado en el negocio de cobrar por si pasa algo.

El Gobierno de Óscar Arias, apoyado por partidos aliados y con el respaldo casi incondicional del empresariado privado, se acerca así al cumplimiento de los requisitos que Estados Unidos estableció para aplicar con Costa Rica el Tratado de Libre Comercio (TLC). El lento y alambicado Congreso costarricense ya ha reformado leyes de patentes agrícolas, corrige minucias administrativas para abrir las telecomunicaciones a la inversión privada y ha deja al emblemático Instituto Nacional de Seguros (INS) como cualquier otro cazador de clientes de seguros, aunque con ventajas.

"El INS con monopolio tuvo razón de ser en 1924, pero el tiempo fue dejando obsoleta esa legislación. En ese momento, fue la respuesta ante una demanda de cobertura de riesgos sociales y logró estructurar una red de protección social adecuada. Pero en el resto del siglo XX, el país construyó esa red de seguridad social con otras instituciones y el monopolio ahora es solo distorsionador del mercado", analiza el economista Tomás Soley, homónimo y bisnieto del fundador del INS, de origen catalán.

La institución, que vendió en 2007 primas por 512 millones de dólares, es más que una entidad aseguradora. Es la fuente de financiación del Cuerpo Nacional de Bomberos y otros sectores benéficos. Es símbolo del Estado paternalista que intentan defender grupos sociales y partidos como Acción Ciudadana, principal opositor de Arias. Es también un ejemplo del tipo de Estado que estorba a los sectores productivos más pujantes del país. Y es, también, casa para unos 3.000 empleados con poca fama de trabajadores, y de algunos jerarcas que se han llenado los bolsillos.

Todo tipo de argumentos se ha licuado con la ruptura del monopolio y la sintonización de Costa Rica con el resto de países de América Latina. El último en abrir el mercado de seguros fue Uruguay, en 1995. La experiencia uruguaya parece indicar lo que ocurrirá con el mercado costarricense: la empresa pública mantendrá casi la mitad de los clientes y habrá una moderada regulación estatal, mientras las pólizas obligatorias se mantendrán bajo el cobijo del Estado.

"El mercado de Costa Rica es fuerte en seguros generales y representa cerca de un 30% del sector en toda Centroamérica. Sin embargo, hay un gran subdesarrollo de pólizas de vida, porque la mayoría de asegurados han buscado el servicio en el mercado gris, con empresas extranjeras", agrega Soley.

Acción Ciudadana es pesimista. "No hay ninguna experiencia de un país que haya seguido un modelo solidario permitiendo aperturas que se encaminan a la privatización", ha dicho uno de los diputados más beligerantes, Alberto Salom. En respuesta, el Gobierno insiste en que no venderá ni un escritorio del INS a las empresas privadas.