Venezuela aprueba un impuesto sobre las ganancias extraordinarias del petróleo

La tasa comenzará a cobrarse de inmediato y permitirá al Gobierno recaudar unos 9.000 millones de dólares al año

El parlamento venezolano ha aprobado este martes una ley que permitirá cobrar un impuesto adicional a las empresas petroleras cuando el precio del crudo en el mercado internacional experimente aumentos extraordinarios.

La tasa comenzará a cobrarse de inmediato, pues la ley establece los 70 dólares por barril como el punto a partir del cual se aplica. El promedio actual de la cesta de petróleo venezolano ya se acerca a los 100 dólares.

La principal contribuyente será la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero también se verán afectadas las empresas transnacionales que han aceptado integrar compañías mixtas con Pdvsa.

El impuesto a las ganancias extraordinarias petroleras fue propuesto por Chávez a principios de año y permitirá al Gobierno recaudar, según estimaciones iniciales, unos 9.000 millones de dólares anualmente.

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Chávez, quien el domingo pasado emplazó a la Asamblea Nacional a aprobar rápidamente la propuesta legal, ha indicado que el dinero que se recaude será empleado para financiar los planes de adquisición de las empresas cementeras y la acería Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

También se utilizará para impulsar un nuevo programa social del presidente Hugo Chávez, la Misión 13 de abril, referida a proyectos emprendidos por las comunidades organizadas en barriadas pobres de las ciudades y pueblos campesinos.

Según la ley que rige esta "contribución especial", cuando el precio del petróleo pase de 70 dólares el Estado deberá recibir 50% de la porción por encima de ese tope. Si supera los 100 dólares, la tasa adicional será de 60%.

El Gobierno de Chávez ha incrementado los impuestos aplicables a las empresas petroleras, revirtiendo así las facilidades impositivas que les habían otorgado anteriores administraciones. Adicionalmente, obligó a las firmas extranjeras a formar empresas mixtas con el Estado para continuar sus operaciones en el país. La estadounidense Exxon Mobil se negó a aceptar este arreglo y recurrió, sin éxito, a la vía judicial.

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