Tras la tormenta, bonanza política

Los desastres naturales que se registran en toda Bolivia, con inundaciones y heladas originadas por el fenómeno climático La Niña, han abierto en cambio la posibilidad de un acercamiento entre el Gobierno central y los gobernadores de las nueve provincias, después de que el diálogo con el Ejecutivo fuera postergado.

Por segundo año consecutivo, el país ha quedado anegado por lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos, deslizamiento de tierras, destrucción de carreteras... Los daños materiales aún no han sido cuantificados, pero se sabe que al menos 50 personas han muerto y miles de familias se han quedado sin hogar.

El presidente, Evo Morales, invitó ayer a los prefectos (gobernadores) Rubén Costas (Santa Cruz) y Ernesto Suárez (Beni) a una reunión en la casa de Gobierno de La Paz para diseñar un plan de reconstrucción de sus respectivos departamentos. "El Gobierno ha decidido invitar a los prefectos para ir a una segunda fase de atención de las inundaciones y de manera conjunta enfrentar la reconstrucción de estos dos departamentos, que son los más afectados por las inundaciones", anunció Morales en declaraciones a la prensa local.

El dramático contexto que acarrea el desastre ?escasez de alimentos y el paulatino incremento de sus precios, entre otras calamidades? parece abrir sin embargo la puerta a un posible entendimiento entre el Gobierno de Morales y los prefectos de siete de las nueve provincias, que continúan pidiendo la restitución de los fondos provenientes de los impuestos petroleros y la armonización de los estatutos autonómicos y

el proyecto de Carta Magna aprobado por la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente.

El diálogo abierto a comienzos de año con el presidente a instancias de los prefectos quedó estancado en las comisiones técnicas y en la propuesta del Gobierno sobre los impuestos petroleros.

Al mismo tiempo, la puesta en marcha del denominado Bono Dignidad, una paga a los mayores de 60 años, en detrimento del presupuesto de las prefecturas, suscitó las quejas de los gobernadores opositores. Los prefectos emplazaron al Gobierno a reunirse hasta el día 13, pero a causa de los desastres naturales dispusieron una tregua de dos semanas, hasta el 27 de febrero, para llegar a acuerdos.

A pesar del intermedio en la polémica sobre algunos aspectos, continúa la relativa a los estatutos autonómicos y el proceso de referéndum ?fijado para el 4 de mayo en Santa Cruz?, mientras el Gobierno se esfuerza en dar a conocer el texto de la nueva Constitución.

La apertura al diálogo se ha combinado con una cierta mano dura del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que ha amenazado con emprender procesos judiciales contra los prefectos que convoquen una consulta autonómica sin sustento legal y auditorías financieras para castigar la presunta desviación de fondos de las prefecturas para financiar los referendos.