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Rebelión en la Policía Militar de Río de Janeiro

Una treintena de oficiales presentan su dimisión tras la destitución del comandante general del cuerpo

En Río de Janeiro, la ciudad más violenta de Brasil, explotó ayer una grave crisis en las filas de la Policía Militar (PM), un cuerpo no vinculado al Ejército y con labores de vigilancia de las calles. El desencadenante se produjo la víspera, cuando el gobernador del Estado, Sergio Cabral, destituyó al comandante general de la PM, el coronel Ubiratan de Oliveira Angelo. En respuesta a esta medida, al menos 30 oficiales de la Policía Militar entregaron ayer sus cargos, al tiempo que exigían la revocación de la destitución de De Oliveira y la dimisión del secretario de Seguridad Pública de Río, José Mariano Beltrame.

El conflicto se inició cuando un grupo de policías militares fueron sorprendidos robando cajas de cervezas de un camión que había sido secuestrado por traficantes de droga. A ello se unió una manifestación de alrededor de 500 personas, entre las que se encontraban decenas de oficiales de la Policía Militar, que protestaban por las condiciones económicas de los agentes de este cuerpo.

Esto causó enorme malestar a las autoridades, que acusaron a De Oliveira de falta de pulso, por lo que el gobernador Cabral exigió su dimisión y la de toda la cúpula de la Policía Militar.

Su sucesión tampoco ha estado exenta de polémica. El nuevo comandante es el coronel Gilson Pitta Lopes, jefe del Servicio de Inteligencia, quien, hasta la víspera de su nombramiento, formaba parte del llamado "grupo de los rebeldes"; sus integrantes le recibieron ayer ayer al grito de "traidor" y le acusaron de haberse infiltrado entre ellos para delatar a los participantes en la manifestación callejera de protesta.

El gobernador Cabral, que desde que llegó al poder se ha caracterizado por su mano dura contra la violencia de los narcos —ha llegado incluso a justificar, calificándola de mal inevitable, la muerte de inocentes en las favelas durante los enfrentamientos con la policía—, ayer fue tajante al afirmar que no se retractará de sus decisiones y que los policías tienen el deber de obedecer las leyes.

La crisis desatada por la rebelión de los oficiales dimisionarios ha desatado el temor de que la violencia se agrave, en una ciudad que ya padece importantes problemas de orden público. El vacío creado en el cuerpo policial podría ser aprovechado por los traficantes de drogas, por lo que algunas voces pedían ayer la movilización de efectivos del ejército de tierra para cumplir con las labores de la Policía Militar.

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Precisamente ayer, de forma simultánea a la crisis, 300 policias civiles actuaron duramente en las favelas, en un intento de demostrar que la lucha contra el crimen organizado en la ciudad continuaba inalterable. Nueve traficantes murieron, seis en la favela de Jacarezinho y tres en la de Morro de Mangheira, en la zona norte de Río, la más pobre de la ciudad.

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