Activistas piden la destitución de cuatro jueces argentinos por la muerte de un ex marino
El fallecido estaba acusado de crímenes durante la dictadura de Videla y murió días antes de que se dictara sentencia
Organismos humanitarios argentinos pidieron ayer la destitución de cuatro jueces por su presunta responsabilidad en el caso de un ex marino que murió envenenado días antes de que se dictara sentencia en el juicio que se seguía contra él por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983).
El juez Sergio Torres y los miembros del tribunal encargado del proceso, Guillermo Gordo, Héctor Farías y Daniel Obligado, fueron acusados de "mal desempeño de sus funciones" por permitir que Héctor Febres estuviese detenido en una dependencia de los guardacostas en vez de en una cárcel. Los cargos fueron presentados ante el Consejo de la Magistratura, organismo formado por jueces, abogados y legisladores.
La denuncia, presentada por las Madres de Plaza de Mayo, el Servicio Paz y Justicia y víctimas de la represión, sostiene que los jueces permitieron que Febres gozara de condiciones "inexplicables e inadmisibles" en su lugar de detención, donde murió envenenado con una alta dosis de cianuro.
Febres fue hallado muerto el 10 de diciembre pasado, a falta de cuatro días para que se conociera el veredicto del juicio oral y público que se seguía contra él por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro de detención de la dictadura argentina.
La justicia investiga si Febres se suicidó o si fue asesinado en unas actuaciones en las que están detenidos la viuda, los hijos del ex prefecto y dos agentes de la Prefectura Naval (guardacostas) encargados de su custodia.
Privilegios
La semana pasada, la presidenta argentina, Cristina Fernández, destituyó al prefecto Carlos Fernández como jefe de los guardacostas después de que la prensa publicara que Febres gozaba de privilegios en su lugar de detención.
Héctor Febres, de 65 años, estaba detenido en un recinto de tres ambientes, contaba con teléfono móvil y televisión, y su esposa se trasladaba a visitarlo en un automóvil conducido por un agente de los guardacostas. El ex prefecto era juzgado por cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos en la ESMA, pero además tenía pendientes otros procesos.
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