La fiscalía boliviana acusa formalmente de genocidio al ex presidente Sánchez de Lozada
La imputación, por un total de nueve delitos, también afecta a ocho de sus ministros
El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue acusado ayer por la Fiscalía General de su país de nueve delitos, entre ellos genocidio, al cumplirse el cuarto aniversario de las protestas en las que murieron más de 60 personas y provocaron su renuncia. La acusación incluye a ocho ministros de su segundo mandato y a los jefes militares de la época, según el alegato presentado por el fiscal general, Mario Uribe, ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre. Sánchez de Lozada, que gobernó Bolivia en dos ocasiones (1993-1997 y 2002-2003), huyó a EE UU junto a dos de sus ministros en 2003. Bolivia iniciará en noviembre ante Washington el proceso para lograr su extradición.
El fiscal que investiga el caso, Milton Mendoza, explicó que los delitos de los que se acusa a Sánchez de Lozada pueden suponer una condena de hasta 25 años de prisión. Según un comunicado de la fiscalía, Sánchez de Lozada fue acusado de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.
Por los mismos delitos fueron imputados ocho ministros de su Gabinete de entonces, entre ellos el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, que también huyeron a Estados Unidos en octubre de 2003. También por la misma denuncia serán procesados otros cinco altos jefes militares de esa época, el almirante Luis Alberto Aranda y los generales Roberto Carlos Flores, Gonzalo Rocabado, Juan Veliz y José Quiroga Mendoza.
Las protestas de entonces fueron provocadas por el descontento de los sectores sociales con un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos, que pretendía usar puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones por su controversia marítima. El proyecto de exportación fue impulsado en su momento por la empresa hispano argentina Repsol YPF, en sociedad con las británicas British Gas y British Petroleum, pero ahora está desechado.
Por otros delitos, entre los que se cuentan los de homicidio, lesiones gravísimas y resoluciones contrarias a la ley, fueron imputados los ex ministros de entonces Jorge Torres, Eric Reyes Villa, Adalberto Kuajara y Dante Pino.
Sin sobreseímientos
La fiscalía precisó que ningún ex miembro del Gabinete de Sánchez de Lozada fue sobreseído en la investigación. Según el comunicado, el siguiente paso del proceso consistirá en preparar el juicio oral en la Sala Plena de la Corte Suprema. Mientras el fiscal Uribe presentaba la imputación ante la Corte Suprema, los familiares de las víctimas se manifestaban tanto en la ciudad de Sucre como en La Paz, para exigir justicia y cárcel para Sánchez de Lozada.
En La Paz, más de 3.000 manifestantes protestaron a las puertas de la Embajada de Estados Unidos, llevando un ataúd en las manos cubierto con una bandera boliviana. A las puertas de la Embajada, abrieron el ataúd para mostrar el cadáver de Eulogio Samo Samo, quien falleció el martes por las heridas recibidas hace cuatro años, según los manifestantes.
La sede diplomática amaneció con una fuerte custodia de policías con quienes los manifestantes forcejearon para intentar entrar al edificio. Los familiares de la víctimas amenazaron con quemar el edificio de la Embajada si las autoridades de Washington no extraditan al ex mandatario antes de diciembre.
El embajador de Bolivia en Washington, Gustavo Guzmán, informó ayer en esa ciudad de que los trámites para la extradición se presentarán en los primeros días de noviembre ante el Departamento de Estado.
