... Ni en territorio nicaragüense

Los diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezados por el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el ex mandatario y convicto por corrupción, Arnoldo Alemán, respectivamente, aprobaron el jueves pasado una polémica ratificación legal que penaliza hasta con tres años de cárcel el aborto terapéutico, no sólo para la mujer que interrumpe el embarazo, sino para el facultativo que lo practica, sin importar que la causa sea salvar la vida de la embarazada.

La práctica del aborto terapéutico era una práctica común en Nicaragua, pero quedó suprimida legalmente el pasado octubre, días antes de que se celebraran las elecciones generales. Los diputados del izquierdista FSLN llevaron la moción al Parlamento para consolidar el apoyo que estaban recibiendo de la cúpula de la Iglesia católica, en particular del cardenal Miguel Obando y Bravo, ex arzobispo de Managua y enemigo de Ortega durante la década revolucionaria (1979-1990).

Los analistas creen que, si la penalización del aborto benefició electoralmente al FSLN, el PLC lo ha apoyado por el pacto no escrito entre Ortega y Alemán, este último en busca de que se le otorgue una amnistía general para quedar totalmente libre de los cargos de corrupción por los que ha sido condenado a 20 años, aunque las rejas de su cárcel son únicamente las fronteras de Nicaragua, ya que goza de ese beneficio por una supuesta dolencia coronaria.

Los diputados que la semana pasada tomaron la palabra para defender la penalización del aborto pronunciaron discursos más parecidos a letanías religiosas en "defensa de la vida y de la Iglesia". El diputado liberal Fredy Tórrez señaló: "Nunca las minorías asesinas se van a imponer", mientras representantes de organizaciones feministas le increpaban: "¡Ignorante!, ¡hipócrita!". Tórrez llegó incluso a llamar "inmorales" a "lesbianas y gays" por querer aprobar el aborto terapéutico. "No será una minoría con trastornos hormonales la que nos va a hacer cambiar nuestros criterios", agregó.

Por su parte, la diputada opositora Mónica Baltodano, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), señaló que Nicaragua está junto a El Salvador, Chile y el Vaticano en un "club de países cavernícolas". Y Ana Pizarro, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), denunció que desde octubre pasado, cuando se prohibió el aborto terapéutico, más de 60 mujeres han fallecido, a pesar de que un aborto médico las pudo salvar.

A su vez, la gineco-obstetra Ligia Altamirano manifestó que la decisión tomada por los legisladores añadirá más caos a la situación de la sanidad en Nicaragua, donde más de 20 asociaciones de profesionales de la salud no fueron escuchados pese a sostener argumentos científicos a favor del aborto terapéutico. Decenas de correos electrónicos y llamadas telefónicas a radios locales escenifican constantemente la impopularidad de la medida y expresan criterios como el siguiente, aparecido en un foro ciudadano: "Los familiares de los diputados, los ministros y los millonarios van a hacerse los abortos a La Habana o a Miami, pero no tendrán ninguna oportunidad las niñas ni mujeres pobres, muchas de ellas víctimas de violaciones".

El movimiento social que ha luchado por la despenalización del aborto terapéutico asegura que en lo que va de 2007 las muertes maternas se han incrementado en un 30%. Se cita el caso de la joven Olga Ríos Meneses, de 23 años de edad, que falleció desangrada por la falta de un aborto terapéutico. La diputada opositora Baltodano dijo que enviará regularmente a cada uno de los diputados que ratificaron la penalización del aborto terapéutico un listado con los nombres de las mujeres que mueran por no habérselo practicado.