Bolivia abre el proceso para que EE UU extradite al ex presidente Sánchez de Lozada

La fiscalía general de Bolivia presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre, la solicitud formal de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus colaboradores desde EE UU, adonde huyeron en 2003, para que sean sometidos a un juicio político en territorio boliviano.

La petición abre el proceso de demanda de extradición, que las autoridades de Bolivia deben formalizar ante las de Washington. Sánchez de Lozada, dos veces elegido presidente de Bolivia, está acusado de genocidio por la muerte de 63 personas durante la represión policial de una serie de protestas sociales, en una crisis que finalmente desembocó en su renuncia, el 17 de octubre de 2003.

El fiscal también demanda la extradición de los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague, que también huyeron a Estados Unidos y están acusados de complicidad en genocidio.

"Ha sido un proceso complejo, pero se ha logrado cumplir con todos los requisitos señalados en el tratado de extradición que Bolivia y Estados Unidos han suscrito en 1995", declaró en La Paz el abogado Rogelio Mayta, miembro del Comité Impulsor del juicio contra Sánchez de Lozada. De esta forma, la petición apela al tratado de extradición firmado por Bolivia y EE UU en junio de 1995 y ratificado en noviembre de 2006, que fue aplicado varias veces en demandas planteadas por autoridades estadounidenses.

La Corte Suprema tendrá que disponer "dentro de 24 horas o hasta el jueves [hoy o mañana] la resolución que ordena a la Cancillería boliviana el trámite de petición ante el Departamento de Estado para que Sánchez de Lozada y sus colaboradores regresen a Bolivia", agregó Mayta, al destacar que las víctimas tuvieron un "largo peregrinar jurídico".

Acciones de la defensa

El fiscal encargado del caso, Milton Mendoza, explicó en Sucre que finalmente se ha presentado la imputación formal, la declaratoria en rebeldía y las órdenes de captura, "pese a las innumerables acciones" de los abogados del ex presidente y de los ex ministros Sánchez Berzaín y Berindoague.

El proceso para lograr el juicio político comenzó el 22 de octubre de 2003, apenas unos días después del inicio de una rebelión popular, principalmente en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, contra un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos utilizando puertos de Chile, país al que Bolivia reclama una salida soberana al Pacífico, ya que perdió su litoral en la guerra que libraron a fines del siglo XIX.

La sangrienta represión de las protestas, que se saldaron con 63 muertos, provocó la caída del entonces presidente y de su Gobierno, apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), de Jaime Paz Zamora, y el Nuevo Frente Republicano (NFR), del actual prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. En plena batalla campal en las calles bolivianas, Sánchez de Lozada salió huyendo del país junto a sus colaboradores más estrechos para refugiarse en Estados Unidos, donde vive actualmente.

El MNR, el partido en el que Sánchez de Lozada militaba, era una formación populista que agrupaba a derechistas, izquierdistas y nacionalistas. Sánchez de Lozada gobernó con políticas neoliberales, primero de 1993 a 1997 y por segunda vez de 2002 a 2003.