El MAS aprueba un juicio parlamentario a magistrados del Constitucional boliviano

El partido de Morales adopta en solitario la resolución tras una pelea entre diputados

Bolivia se encuentra inmersa en una grave crisis política e institucional que amenaza al Poder Judicial, la Asamblea Constituyente y la precaria tranquilidad ciudadana, principalmente en Sucre, donde ayer se registraron prolongados enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó ayer en solitario, tras una batalla campal entre diputados en el Parlamento, abrir un juicio político a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, acusados por el presidente boliviano, Evo Morales, de prevaricación.

El grupo parlamentario del MAS se había trasladado a la sede de la Vicepresidencia para reanudar la sesión, después de que la diferencia de opiniones sobre el juicio a los magistrados entre los diputados del oficialismo y la oposición, que tomó la presidencia de la Cámara para impedir la sesión, fuera saldada a puñetazos, patadas y tirones de pelo.

Finalmente, la resolución fue aprobada por mayoría absoluta, con el voto favorable de 61 de los 68 diputados del MAS que estuvieron presentes en la insólita sesión celebrada en la Vicepresidencia.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la legalidad de un decreto de Morales que designaba varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero sólo les permite ejercer el cargo durante 60 días, hasta que el Congreso apruebe los nombramientos de magistrados para las plazas vacantes.

Los magistrados designados por Morales tenían el específico encargo presidencial de acelerar el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de El Alto, donde murieron un centenar de personas en octubre de 2003.

El juicio político que quiere emprender el MAS puede dejar sin magistrados elegidos por el Parlamento el Tribunal Constitucional, lo que se considera como un duro golpe a la democracia y a las instituciones democráticas.

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Sucre, entretanto, fue ayer escenario de enfrentamientos entre grupos ciudadanos y de universitarios con la policía, que guarda celosamente la sede de la Asamblea Constituyente.

Los manifestantes reclaman el traslado de los poderes Legislativo y Ejecutivo de La Paz a Sucre, para que esta última ejerza como capital plena de Bolivia, asunto que ha sido excluido de la agenda de la Asamblea Constituyente y que ha ocasionado protestas y la huelga de hambre de al menos dos centenares de personas en el departamento de Chuquisaca, con el apoyo de los Comités Cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

Durante los disturbios sufrieron contusiones la alcaldesa de Sucre, Aidé Nava, y el rector de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime Barrón, presidente del Comité Interinstitucional de Defensa de Sucre Capital de Bolivia, informaron emisoras de radio locales.

La dirección de la Asamblea, cuya sede es protegida por la policía ante la posibilidad de disturbios, ha suspendido sus sesiones hasta que se garantice la seguridad de los asambleístas en la ciudad sureña de Sucre, sede del foro.

Varios constituyentes de la oposición denunciaron ante los medios de comunicación que la mayoría oficialista pretende aprobar un proyecto de Constitución elaborado por el MAS y, después, disponer la clausura de la Asamblea Constituyente.

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