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Un senador colombiano denuncia un pacto de gobernabilidad entre políticos y paramilitares

El senador colombiano Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, denunció ayer que hay un documento firmado por políticos y paramilitares de derecha similar a otro que tiene entre rejas a más de 20 parlamentarios y políticos. El texto, según Radio Caracol, firmado al parecer por políticos del departamento de Santander (nordeste), está ya en poder de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y contiene una serie de compromisos adquiridos entre dirigentes políticos y los grupos paramilitares en épocas electorales. Los políticos de Santander que estuvieron en el encuentro supuestamente recibieron ayuda electoral y financiera a cambio de dominio territorial para los paramilitares, dijo Petro.

Según la información, recogida por varios medios, uno de los firmantes del documento es el desmovilizado ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. El escrito aparentemente es similar al Acuerdo de Santa Fe de Ralito, un pacto de gobernabilidad suscrito en 2001 por jefes de las AUC y una veintena de políticos y funcionarios, de los cuales la mayoría están detenidos.

En ese pacto, las partes se comprometían con un proyecto político que comprendía la "refundación" del país y la firma de un nuevo "contrato social". El tribunal supremo colombiano abrió hace tres semanas una investigación preliminar contra cuatro parlamentarios de Santander, Luis Alberto Gil Castillo, Óscar Reyes, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera, por presuntos nexos con grupos paramilitares.

El senador Petro le pidió a Ernesto Báez, preso en la cárcel de Itagüí (Antioquia, noroeste), revelar los nombres de los congresistas que se comprometieron con las AUC en Santander, en lo que llamaron el pacto de Puerto Berrío (Antioquia).

Las AUC mantuvieron conversaciones de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, y desmovilizaron a más de 31.000 combatientes. La organización agrupaba los comandos de seguridad campesina creados hace unos 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas.

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