El número de asesinatos en áreas rurales de Brasil se multiplica por dos en los últimos 10 años

Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil en los últimos diez años se ha doblado el número de asesinatos en las áreas rurales, desde los 658 cometidos en 1997 a los 1.212 del año pasado, según ha revelado la Comisión Pastoral de la Tierra, órgano oficial de la Conferencia Episcopal.

Las víctimas suelen ser campesinos y personalidades sindicales o religiosas que se destacan por la defensa de los derechos humanos. Los ejecutores de los crímenes suelen ser pistoleros a sueldo, que suelen ganar entre 50.000 y 100.000 reales (entre 19.000 y 38.000 euros) por asesinato. A veces, son los mismos terratenientes quienes cometen el crimen.

Lo más grave, si cabe, como ha destacado la Comisión Pastoral de la Tierra, es la impunidad con que actúan los asesinos, que con frecuencia acaban absueltos en procesos convertidos muchas veces en verdaderas farsas, debido en algunos casos al miedo de los jurados encargados de juzgar a los asesinos, que les amenazan públicamente durante el juicio.

En los últimos diez años, fueron condenados sólo 20 instigadores y 71 ejecutores de los asesinatos, muchos de los cuales ya están en libertad. El resto, ni siquiera han sido juzgados, y algunos han huído de la justicia.

Los familiares de las víctimas han denunciado en vano la impunidad de estos crímenes. A sus 71 años, Geraldina Canuto, espera desde hace 20 años que sean procesados los asesinos de su marido y de sus dos hijos. En declaraciones al diario O Globo, dijo ayer que confiaba más "en la justicia de Dios que en la de los hombres".

El único proceso llevado a cabo con rapidez fue, el año pasado, el de la monja estadounidense Dorothy Stang, asesinada el 12 de febrero de 2005 y cuya muerte conmovió a la opinión pública internacional. Fue esa presión internacional la que indujo al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a llevar el caso a la justicia federal y a agilizar el proceso, que concluyó con la condena de cuatro de sus cinco asesinos, que aún siguen en la cárcel. El asesinato de la monja costó a los terratenientes el pago de una indemnización de 50.000 reales (19.000 euros).

Entre las personas amenazadas destaca el religioso de origen francés Henri des Roziers, que a sus 73 años trabaja en Xinguara, en el Estado de Pará, un lugar tristemente célebre por los asesinatos de trabajadores rurales. Su cabeza tiene un precio: 100.000 reales. Tanto él como el obispo de Xingú, Erwin Krautler y la sindicalista Maria Joel Dutra, viuda del presidente del sindicato de trabajadores rurales de Pará, José Dutra da Costa, asesinado en 2001, están bajo protección policial.