Colombia deberá pagar 592.000 euros a la familia de un abogado asesinado
Según el tribunal, el Estado no protegió al letrado, amenazado de muerte
La familia del abogado colombiano Jesús María Valle, un activista por los derechos humanos asesinado en 1998 por paramilitares de derecha, deberá ser indemnizada con el equivalente a 592.000 euros, según ordenó el Consejo de Estado (tribunal administrativo). El tribunal considera que el Estado no adoptó medidas efectivas para proteger la vida de Valle, pese a que se conocían las amenazas de muerte, por lo que dispuso la reparación en dinero por daños morales y materiales, ha dicho este jueves un portavoz del organismo.
El Consejo de Estado ordenó que la indemnización sea pagada por el Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), a favor de los nueve hermanos del activista asesinado. Valle fue asesinado en su oficina de Medellín el 27 de febrero de 1998, cuando presidía el Comité Permanente de Derechos Humanos, en sustitución del médico Héctor Abad Gómez, asesinado también el 25 de agosto de 1987 en la misma ciudad.
Los dos asesinatos fueron perpetrados por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que celebró conversaciones de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006 y desmovilizó a más de 31.000 combatientes. Los paramilitares acusaron a las víctimas de ser colaboradores de guerrillas izquierdistas en la región de Ituango, en la que hubo más de 250 desaparecidos en esos años.
Valle denunciaba las matanzas de campesinos cometidas por escuadrones paramilitares en 1996 y 1997 en las localidades de Ituango y El Aro (departamento de Antioquia), respectivamente, y la omisión de las Fuerzas Militares. En la matanza de Ituango fueron asesinados 15 campesinos en junio de 1996. Por este suceso, el Estado colombiano y los grupos paramilitares fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la matanza de El Aro murieron 19 personas en octubre de 1997 y el Estado colombiano fue condenado por la CIDH a indemnizar con un millón de euros a familiares de las víctimas
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