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Supuesto plan para asesinar a un testigo clave de la 'parapolítica' en Colombia

Un alcalde y un portavoz colombianos, detenidos por presuntos nexos con las FARC

El abogado José Strusberg, defensor del ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, Rafael García, informó ayer de que las autoridades colombianas habían frustrado un plan para asesinar a este ex funcionario, que es testigo clave en el caso que investiga a varios políticos de este país por estar vinculados con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Strusberg denunció que García, quien se encuentra recluido desde hace dos años en la cárcel La Picota de Bogotá, era blanco de un plan que estaba siendo promovido por cinco presos que se encuentran en el mismo pabellón de detenciones.

El abogado aseguró que esta información había sido suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a la fiscalía colombiana, después de trasladar a estos cinco reos a otro lugar dentro del recinto penitenciario, según los medios locales.

En este sentido, señaló que, dada esta situación que "pone en peligro la vida" del ex jefe de informática del DAS, insistirá en solicitar ante la justicia colombiana la detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones en el caso de la parapolítica.

Rafael García fue condenado a 18 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, pero al poco tiempo de ser juzgado recibió una rebaja de siete años por su colaboración con la justicia.

También está considerado testigo fundamental de la fiscalía y de la Corte Suprema en las investigaciones que se realizan contra el ex director del DAS Jorge Noguera Cotes.

Detenciones

Por otra parte, el Ejército colombiano capturó ayer al alcalde y al portavoz del municipio de Planadas, unos 450 kilómetros al sur de Bogotá, acusados de tener nexos con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según informaron ayer fuentes autorizadas.

La detención del alcalde Jairo Hueje y del portavoz Tiro Acosta se realizó por orden de un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, con sede en Bogotá, dijo el fiscal general, Mario Iguarán.Explicó que la fiscalía tiene pruebas que le permiten establecer que el alcalde tuvo reuniones con integrantes del Frente 21 de las FARC, que lo instruían para entregar contratos a determinadas personas. En la operación también fueron retenidos dos funcionarios de una empresa contratada de salud local y una mujer, de los cuales no se facilitaron sus identidades.

A mediados del año pasado, 10 personas de Planadas, en el departamento del Tolima, fueron detenidos acusados de tener vínculos con las FARC. Sin embargo, a finales de 2006, ocho de los 10 arrestados fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

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