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La eventual extradición de Fujimori desata una crisis política entre Chile y Perú

La justicia peruana reclama la entrega del ex mandatario para juzgarle por violación de derechos humanos y delitos de corrupción

El futuro judicial del ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) se aclarará en los próximos días, cuando la Corte Suprema de Chile se pronuncie sobre la petición de extradición del ex mandatario, que actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. La justicia peruana le imputa dos casos de violación de derechos humanos y diez de corrupción.

El temor a una eventual fuga ha obligado al Ministerio del Interior chileno a reforzar el séquito de policías que vigila sus movimientos a diario en el lujoso barrio de Las Condes, en la zona más exclusiva de Santiago de Chile donde ha instalado su eventual domicilio.

Fujimori renunció a la presidencia de Perú en el año 2000, en medio de una grave crisis política y social, y huyó a Japón. Desde entonces la justicia peruana le persigue por presuntas violaciones de los derechos humanos y delitos de corrupción. Tras cinco años prófugo en el país asiático, el ex presidente abandonó por sorpresa Japón y el 7 de noviembre de 2005 reapareció en Santiago de Chile, donde fue detenido.

Solicitud de asilo

La justicia chilena le impide abandonar el país mientras la Corte Suprema decida si otorga la extradición que reclama Perú. El diario chileno La Nación asegura que Alberto Fujimori podría solicitar asilo a la embajada de Japón en el país andino, ante la posibilidad de ser entregado a los tribunales peruanos.

La clase política de ambos países coincide en que el llamado caso Fujimori es un problema tanto para Perú como para Chile. El Gobierno de Alan García teme que un eventual retorno de Fujimori pueda insuflar fuerzas a la oposición, ya que el ex presidente aún conserva una gran influencia sobre un sector importante de los diputados que componen el Parlamento y que acatan sus órdenes sin rechistar. Fujimori también es una figura incómoda para el Ejecutivo chileno de la socialista Michelle Bachelet. La posibilidad de que la Corte Suprema rechace su extradición obligaría al Gobierno a dar explicaciones a las autoridades peruanas, lo que enturbiaría las relaciones entre ambas naciones.

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Analistas políticos de Perú han llegado a la conclusión de que la mejor salida a esta crisis política sería que Fujimori optase por refugiarse en la embajada de Japón y aparcar el problema para más adelante.

Alberto Fujimori, en un acto público durante su estancia en Tokio en 2003.
Alberto Fujimori, en un acto público durante su estancia en Tokio en 2003.AP

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