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El presidente del Congreso de Ecuador suspende la destitución de 57 diputados

Nueva vuelta de tuerca a la crisis política, en la que todos los poderes están enfrentados

El presidente del Congreso Nacional ecuatoriano, Jorge Cevallos, dio ayer un nuevo giro a la pugna política que vive el país al acatar el amparo constitucional dictado por un juez penal del Guayas y dejar así sin efecto la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el pasado 7 de marzo ordenó la destitución de 57 diputados de la oposición. Sin embargo, varios de estos legisladores depuestos no consiguieron entrar ayer en la sesión del Parlamento, con una copia del documento bajo el brazo, para retomar sus escaños. Se lo impidió el cordón policial que, por orden del Ministerio de Gobierno, continúa protegiendo con barricadas de alambre los exteriores del palacio legislativo.

Cevallos clausuró inmediatamente la sesión, aduciendo falta del quórum reglamentario, lo que generó enérgicas protestas por parte de los diputados partidarios del Gobierno, que expresaron su enorme desconcierto ante la decisión del titular del Congreso y reprocharon su actitud. Además, dicho bloque denunció que Cevallos había abandonado el plenario sin haber constatado fehacientemente si existía mayoría para celebrar la sesión. Antes de retirarse, el presidente del Congreso convocó una nueva sesión ordinaria para el próximo martes, aduciendo que actualmente no existen garantías para su celebración.

El diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) Jimmy Jairala señaló que "Cevallos actuó de manera desacertada y que abandonó su función, pese a que había el número suficiente para legalmente sesionar. Eso es caotizar el Congreso". Asimismo, dijo que "el TSE ya apeló sobre ese amparo, por lo cual todavía no se lo podía ejecutar".

Por su parte, los legisladores perjudicados, encabezados por Gloria Gallardo, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), acudieron a la Fiscalía General de la nación para presentar una demanda penal contra el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, y la Policía Nacional, dirigida por el mismo funcionario. "Los demandamos por prevaricato, ya que, según el artículo 95 de la Constitución, una vez que un juez emite una orden ésta debe ser acatada por todos los poderes del Estado. Sin excepciones. Exigimos que se nos devuelvan ahora nuestras dignidades parlamentarias como corresponde. El martes sesionaremos", afirmó Gallardo.

Este último episodio político agrava aun más la crisis institucional que atraviesa el país, ya que el Congreso continúa en suspenso y todavía queda pendiente el pronunciamiento definitivo del pleno del Tribunal Constitucional (TC), que se espera en los próximos días, y que es el que tiene la ultima palabra en el conflicto.

Sin embargo, los diputados del llamado bloque Dignidad Nacional y los autodenominados progresistas buscan la forma de afianzarse en el Parlamento para allanar el camino hacia la reforma constitucional propuesta por el presidente, Rafael Correa. Desde el martes analizan una resolución para despojar de sus funciones a los vocales del TC que deberán dar su dictamen final sobre el tema. A su vez, el presidente del TSE, Jorge Acosta, anunció una posible destitución del juez que suspendió el cese de los 57 diputados.

El embrollo jurídico en Ecuador se inició tras una resolución de los 57 diputados, que entonces formaban una mayoría opositora en la Cámara, para "sustituir" a Acosta por haber aceptado, sin consultar al Congreso, el referéndum que propone Correa sobre un estatuto para la creación de la Asamblea Constituyente. A su vez, Acosta decidió sustituir a los 57 legisladores por considerar que la figura de "sustitución" no está contemplada en ninguna ley ecuatoriana y porque ese acto "interfiere" con el desarrollo del proceso plebiscitario.