Un juez de la Audiencia Nacional decreta prisión para el represor argentino Cavallo

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado hoy el ingreso en prisión incondicional a efectos de extradición del presunto ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, quien había comparecido voluntariamente ante él después de ser excarcelado ayer mismo por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de este órgano.

La Sala de lo Penal, que el pasado 20 de enero se declaró no competente para juzgar a Cavallo en España, le puso ayer en libertad al haber concluido el plazo legal de 40 días concedido a Argentina para remitir la documentación extradicional, y a pesar de que su resolución no es firme, pues fue recurrida ante el Tribunal Supremo. Cavallo se encuentra preso en España desde que fuera extraditado por las autoridades de México, país en el que residía, en junio de 2003.

Cavallo ha acudido esta mañana ante el juez Andreu acompañado por su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, para demostrar que su intención no es la de eludir la justicia, según han indicado fuentes de su defensa. Ha comparecido ante este magistrado porque es el encargado de los trámites para su extradición a Argentina.

Durante la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal celebrada ante el juez Andreu, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, ha pedido el reingreso en prisión del ex represor, a quien se imputan delitos de genocidio y tortura cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983).

Cargos contra Cavallo

El juez ha accedido a la petición del fiscal "con objeto de asegurar" la entrega de Cavallo a Argentina, tras comprobar la existencia de una orden de prisión dictada contra él el pasado 27 de diciembre por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12 de Buenos Aires, Sergio Torres, que le ha procesado en relación con cinco causas criminales.

El juez Torres acusa a Cavallo de "imposición de tormentos cometido en forma reiterada y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y por haberse cometido con violencia y amenazas", entre otros delitos, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.