Las deudas de la paz salvadoreña

Al entrar a la capital salvadoreña, San Salvador, por la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Comalapa, en la jurisdicción de San Marcos, se levanta el monumento llamado el Cristo de la Paz, construido tras la guerra civil (1980-1992). Éste pudiera ser un símbolo de lo que sucede hoy en El Salvador, 15 años después de lograr el silencio de los fusiles entre el Gobierno y la guerrilla.

El Cristo de la Paz permanece abandonado y manchado con pintadas de las violentas pandillas conocidas como maras durante todo el año, hasta que llega enero y es remozado para conmemorar el aniversario. Después, una vez pintada de blanco la base del monumento, las organizaciones opositoras le estampan consignas antigubernamentales en las que exigen trabajo y democracia.

Hace hoy exactamente 15 años, el 16 de enero de 1992, el Gobierno presidido por el banquero Alfredo Cristiani y la jefatura del insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron en el castillo de Chapultepec, México, un pacto político que puso fin a una guerra civil que se había prolongado durante 12 años, en los que murieron más de 80.000 personas, sobre todo civiles inocentes. La infraestructura fue destruida, la economía retrocedió 30 años y huyeron al exilio más de millón y medio de habitantes.

La guerra había comenzado en 1980, cuando la dictadura militar ahogaba con sangre y metralla toda protesta. Uno de los detonantes del conflicto fue el asesinato del arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, cuando oficiaba una misa en un hospital oncológico. La guerrilla, que había sido fundada en 1970, se apertrechó y se alzó en las pocas montañas que existen en el país más pequeño de la América continental.

Los intentos de alcanzar la paz fueron patentes desde el mismo inicio de la guerra civil. La Iglesia católica, encabezada entonces por Arturo Rivera, intermedió entre el FMLN y el entonces presidente, Napoleón Duarte, que se sentó con la insurgencia por primera vez en octubre de 1984. Tres años antes, los Gobiernos de México y Francia, presididos por José López Portillo y François Miterrand, respectivamente, habían reconocido la beligerancia de la insurgencia, lo que garantizó el reconocimiento internacional a la gestión de Duarte. No obstante, ni el Ejército ni la guerrilla estaban dispuestos a hacer que callaran las armas.

Fue sólo después de la ofensiva guerrillera contra San Salvador, en noviembre de 1989, cuando las partes entendieron que la vía militar estaba agotada. La Organización de Naciones Unidas (ONU) comenzó a asumir protagonismo a través de su embajador especial Álvaro de Soto, que medió entre los contendientes. Para entonces, el Ejército ya había cometido una de las masacres más atroces de la contienda: la de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana (UCA); entre las víctimas se encontraba el religioso español Ignacio Ellacuría. Y, a su vez, el FMLN ya se había convencido de que no iba a haber una insurrección popular.

El Acuerdo de Chapultepec de 1992 se convirtió en una herramienta para transformar a El Salvador y en la esencia que llevaría al país de la guerra a la paz y del Estado dictatorial al Estado democrático. Sus metas eran, esencialmente, “terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña”.

Pero sobre la paz aún pesan deudas impagadas. Aunque los analistas y los protagonistas del conflicto coinciden en que, a pesar de la polarización política y social, no se ha producido hasta el momento ningún síntoma de rebrote de un enfrentamiento bélico, sin embargo sí es cierto que existen grupos y sectores descontentos.

El FMLN, hoy convertido en partido político en la oposición, acusa al actual Gobierno, de la derechista Arena, de instaurar el autoritarismo civil y negar la alternancia en el poder. Las principales organizaciones humanitarias señalan como grave la vigencia de la impunidad, la falta de un Estado de derecho y el mantenimiento de la Amnistía General de 1993, que protege a los responsables de crímenes de lesa humanidad como las diversas matanzas de campesinos y los asesinatos de los sacerdotes jesuitas de 1989 y del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980.

Organizaciones laborales y sociales como la Red Sinti Techan y la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad) señalan signos de regresión democrática y de exclusión económica y social. Éstos, concluyen, son los motivos del éxodo hacia el exterior, que se ha convertido en la única alternativa para más de un millón de salvadoreños que han buscado bienestar y trabajo tras la guerra civil.