Búlgaro, rumano y gaélico elevarán a 23 el número de lenguas oficiales de la UE a partir del 1 de enero

Las Direcciones Generales de Interpretación y de Traducción empezaron en enero de este año a contratar personal capaz de traducir al rumano, búlgaro y gaélico que para enero del año que viene ascenderá, entre agentes contractuales y externos, a 132 profesionales que trabajarán con búlgaro, 135 con rumano y cinco con gaélico, aunque en este último caso la adaptación a esta lengua será gradual.

El comisario de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo, Jan Figel, dio la bienvenida a la llegada de estas tres lenguas que fortalecerán la "diversidad de lenguas" en la UE que, dijo, "es nuestra riqueza común". "La promoción de esta diversidad constituye una prioridad clara para la Comisión Europea", afirmó. Bruselas indicó en un comunicado que los costes de traducción para toda la UE en 2006 se elevaron a 800 millones de euros y que está previsto que solo para la Comisión el presupuesto ascienda en 2007 a 302 euros, lo que corresponde a 0,63 por ciudadano europeo al año.

Por lo que respecta a la interpretación, el gasto total en la UE en 2005 se elevó a 190 millones euros, 0,42 euros por ciudadano y año, y, al igual que ocurre con la traducción, no está previsto que la llegada del rumano, búlgaro y gaélico suponga costes adicionales. La preparación lingüística de la Comisión de cara a la adhesión de Bulgaria y Rumania empezó en enero de este año, cuando se contrataron los primeros traductores e intérpretes, que a día de hoy ascienden a 40 traductores contratados por cada una de las dos lenguas a los que se suman una reserva de 50 traductores externos rumanos y 50 búlgaros.

Asimismo, a día de hoy trabajan como intérpretes en el Ejecutivo comunitario tres profesionales por lengua, a los que se suman otros seis respectivamente en el Parlamento Europeo. Adicionalmente, los servicios de interpretación de la UE cuentan con 39 profesionales búlgaros y 42 rumanos de manera externa. En cuanto al gaélico, de momento funcionará la derogación acordada con el Gobierno de irlanda en virtud de la cual hasta dentro de cinco años solamente se traducirán a esta lengua los reglamentos adoptados por acuerdo del Consejo y el Parlamento, así como las comunicaciones de los ciudadanos con las instituciones. Para ello, el Ejecutivo comunitario ha reclutado ya a cinco traductores.

La interpretación directa, sin embargo, seguirá un ritmo más lento, ya que de momento ningún intérprete con los que cuentan las instituciones comunitarias puede trabajar en gaélico, pero ya se están formando para ello tres profesionales que se espera puedan empezar a trabajar en esta lengua a partir del verano del año que viene.

Por otra parte, el 1 de enero terminará la derogación de tres años que existía con respecto a las traducciones de textos al maltés, de manera que a partir de esta fecha la UE podrá asegurarlas en esta lengua de la misma manera que en el resto.

Lenguas cooficiales españolas

Además de las 23 lenguas oficiales que tendrá la UE el 1 de enero de 2007, los ciudadanos y representantes políticos ya pueden utilizar y dirigirse a las instituciones europeas en las lenguas cooficiales españolas: el gallego, el euskera y el catalán/valenciano. En diciembre de 2005 el Consejo de la UE llegó a un acuerdo para permitir su uso de las lenguas cooficiales que se fue concretando a lo largo de 2006 mediante la firma de convenios administrativos entre el Gobierno y las diferentes instituciones comunitarias.

A día de hoy, los ciudadanos pueden dirigirse en una de estas lenguas y recibir contestación en ellas en sus comunicaciones a la Comisión Europea, la Eurocámara, el Consejo de la UE, el Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo de la UE. También se traducen los textos jurídicos de los acuerdos comunitarios. De la misma forma, los representantes de las comunidades autónomas afectadas que participan en los consejos de ministros y en el Comité de las Regiones pueden intervenir, previa notificación, en estas lenguas.

La institución que planteó más problemas para permitir su uso ha sido el Parlamento Europeo, donde tras sucesivas votaciones finalmente no se permite más que la presencia del euskera, gallego y catalán/valenciano en las comunicaciones de los ciudadanos. Sin embargo, no se logró el deseo del Gobierno de que los parlamentarios que lo deseen puedan dirigirse en las sesiones plenarias en las lenguas cooficiales.