Un Juzgado embarga las ayudas de España a Nicaragua por impago de una indemnización laboral

Carmen Pérez Urbez llevaba 17 años trabajando para la Embajada de Nicaragua cuando le comunicaron su despido. Según sus superiores, el motivo para prescindir de ella había sido un desastre natural: las arcas de Nicaragua no podían soportar su sueldo tras el paso del huracán Mitch. Pérez Urbez llevó su caso a los tribunales que, en 1999, le dieron la razón y condenaron a la Embajada a pagarle una indemnización que hoy ronda ya casi los 60.000 euros. El caso se ha demorado por los pasillos de varios ministerios hasta que un Juzgado de lo Social de Madrid ha decidido embargar las ayudas que el Estado Español concede a Nicaragua hasta que se satisfaga la indemnización de Pérez Urbez.

Cuando en 1999 la Embajada fue condenada por primera vez su reacción fue la de declararse en situación de insolvencia. Así, en quiebra (un hecho totalmente excepcional para una Embajada), consiguió demorar el pago de la indemnización que tuvo que asumir el Fondo de Garantía Salarial. Pérez Urbez recibió entonces una pequeña parte de su compensación mientras que la Embajada se escudaba en la "inviolabilidad diplomática" para olvidarse del asunto.

Pero en 2001 el Juzgado nº11 de lo Social de Madrid reabrió la ejecución del caso al demostrar la existencia de partidas presupuestarias existentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores a favor del Estado de Nicaragua. La declaración de insolvencia quedaba entonces suspendida y el juzgado pedía a Exteriores el detalle de todas las ayudas concedidas a Nicaragua con el fin de suspenderlas.

A lo largo de estos años el juzgado ha instado en varias ocasiones al Ministerio de Exteriores para que haga efectivo el embargo de las ayudas, pero éste nunca se ha llevado a efecto y la orden ha pasado por múltiples departamentos en los que siempre se contesta lo mismo a la demandante: "están estudiando el asunto".

La demora sigue el mismo proceso en la Embajada en la que, según el abogado de la demandante, ni siquiera se dan por enterados de la sentencia que se tuvo que reiterar el pasado mes de septiembre.

En este momento la demandante sigue sin cobrar mientras que la Hacienda española se niega a retener las cantidades que trimestralmente abona a la Embajada en concepto de devolución de IVA conculcando así el embargo al que se somete a la legación diplomática.

Así, según la versión ofrecida por el abogado de Pérez Urbez, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y Hacienda, y el de Justicia están haciendo luz de gas a una orden judicial "y permitiendo que el Estado de Nicaragua siga haciendo caso omiso a los Juzgados españoles y sin embargo siga beneficiándose de fondos de nuestro país".